Los actos sociales nunca están de más, son muy necesarios y benéficos, pero en una democracia representativa lo que importa son los pactos políticos. Los españoles -ni siquiera los empresarios- no votan a la CEOE, que no deja de ser un lobby, y la representatividad real de los sindicatos dista mucho de ser satisfactoria por más legitimidad abstracta que les otorgue la Constitución.
Afirma Ignacio Camacho en ABC que en situación de una emergencia nacional como la que plantea la crisis, con su 18 por ciento de paro, lo que hace falta es un acuerdo político de gran alcance; tratar de eludirlo sustituyéndolo por un arreglo con las centrales y la patronal representa una maniobra de cierto tufillo verticalista.
Pactar siempre está muy bien, y el Gobierno debe buscar conciertos con toda clase de agentes de la sociedad civil, pero no es lo mismo hacerlo con la oposición que con las cofradías.
Además, el supuesto carácter tripartito del llamado acuerdo social es una farsa; esa mesa no tiene tres patas, sino dos, porque el Gobierno y los sindicatos hablan con una sola voz y actúan en comandita.
El zapaterismo se ha plegado desde el principio a las exigencias sindicales hasta el punto de fundir con ellas su agenda socioeconómica, por lo que la negociación a tres bandas no es más que el camuflaje de una alianza cuasiperonista a la que han tratado de arrimar al empresariado para deslegitimar al PP.
Zapatero no está ni por asomo dispuesto a discutir una reforma de fondo y lo que busca es la manera de maquillar su autosuficiencia con una foto para la galería; quería comprar la aquiescencia de la CEOE con baratijas y tráfico de favores.
Como por las razones que sean -entre ellas la presión del propio PP sobre la cúpula de los empresarios- Ferrán le ha dado calabazas al manejo, el presidente ha anunciado muy solemnemente su intención de ponerse a gobernar como si no tuviese más remedio. Pues es lo que llevamos un año esperando: que tome medidas. Lo malo es que no se le ocurre ninguna de relieve.
Desmontado el sainete del pacto social, lo que queda es la persistente negativa del presidente a su obligación moral de llamar a la oposición para negociar sin condiciones previas un marco común contra la recesión, el desempleo y la quiebra.
No quiere porque no está dispuesto a ceder en lo que considera premisas ideológicas intocables, y desea situar también la crisis en el eje de una confrontación electoral y política.
Si se abriese a ciertas reformas estructurales y de mercado quizás obtuviese más respaldo del que imagina, pero se ha aferrado a un dogmatismo populista de déficit y gasto público. Sumada a su pródiga complacencia con la voracidad de las autonomías, esa actitud puede llevar al país a la bancarrota.
Pero si quería un retrato ya lo tiene: es el de un gobernante sin ideas atrincherado en un búnker de pasividad junto a unos sindicatos inmovilistas.
