(PD).- Dando a Cataluña el 33 por ciento del incremento total de la financiación autonómica -con posibilidades incluso de incrementarlo-, cuando hay 16 autonomías que los necesitan tanto o más, este gobierno se ha superado a sí mismo en cinismo, partidismo, sordidez e ineficacia. Sí, ineficacia, –como recuerda José María Carrascal– pues aunque ese dinero le sirva para ganar algunas votaciones parlamentarias, los catalanes le pedirán cada vez más -ya se lo están pidiendo-, y llegará un momento en que no pueda dárselo, por la sencilla razón de que no habrá dinero en las arcas públicas ni crédito para conseguirlo.
El largo parto del nuevo modelo de financiación autonómica, que ha durado más de un año, se ha tenido que realizar con fórceps, después de tres días de interminables esfuerzos en los que ha tenido que intervenir el propio presidente del Gobierno y los vicepresidentes Manuel Chaves y Elena Salgado para convencer, esencialmente, a Esquerra Republicana de Catalunya y a algún presidente autonómico de que ya no había más tiempo que perder.
Como recuerda el editorial de ABC, «políticamente, el objetivo de Zapatero es amarrar el apoyo de los partidos catalanes y pacificar la situación del PSC con ERC. Sencillamente, Zapatero se garantiza votos y cierta estabilidad a cambio de 3.855 millones adicionales para Cataluña. Es evidente que la oferta de más dinero será difícilmente rechazable en tiempos de crisis, pero también lo es que hay que aplicar una mínima visión de futuro. El Gobierno sabe dónde están sus apoyos electorales y no va a escatimar recursos para asegurar su fidelidad. Es cierto que había que modificar el sistema de financiación autonómica, porque hay comunidades que precisan más dinero para atender su nivel de desarrollo social y económico».
El parto en un caluroso domingo, que –como escribe Pepe Oneto en Estrella Digital– parece haberse convertido en norma de conducta oficial (otro domingo se produjo la intervención por parte del Banco de España de Caja Castilla La Mancha), puede haber terminado en aborto ante las exigencias de los republicanos catalanes, que habían amenazado con romper, de nuevo, el tripartito, igual que hicieron después de la aprobación del Estatuto.
Exigencias que han sido elevadas, conforme llegaba la hora límite, y lo que en principio era un aumento adicional por parte del Gobierno de 8.000 millones de euros pasó a convertirse hace unas semanas en 9.000; hace unos días, en 11.000, y el mismo domingo, con el nuevo modelo presentado públicamente por la vicepresidenta económica Elena Salgado, Cataluña se adjudicaba más de 3.800 millones, según los cálculos de Esquerra.
Según el Gobierno, con el nuevo modelo de financiación ganan todas las Comunidades Autónomas. Según los socialistas catalanes, son ellos los grandes vencedores, y según los republicanos de Esquerra, son ellos precisamente los que han conseguido que Cataluña esté muy por encima de la media. Las palabras del presidente de Esquerra, Joan Puigcercós, no abrigan ningún tipo de duda: «Hemos plantado cara al Estado y hemos ganado».
En principio gana Montilla, que seguirá al frente del tripartito y que no tendrá que adelantar las elecciones catalanas como se temía; gana Esquerra Republicana de Catalunya, que se ha erigido en el motor de las negociaciones con el Gobierno central, y sobre todo gana Zapatero, que podrá contar con el voto de ERC e Iniciativa per Catalunya-Verds, dentro de su gran debilidad parlamentaria, especialmente para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene.
El nuevo modelo ha tenido que ser sacado con fórceps, con la oposición de muchas Comunidades Autónomas, algunas de ellas gobernadas por el Partido Popular, y las reticencias de otras gobernadas por el PSOE, basándose en el criterio de la población que no estaba contemplado en el modelo anterior e introduciendo numerosos factores como la dispersión de la población, el envejecimiento de esa población en algunas Comunidades, la insularidad en el caso de las Baleares y las Canarias, la densidad de la población e, incluso, la población en edad escolar, como en el caso de Andalucía.
La educación, la sanidad y las prestaciones sociales serán financiadas en un 80 por ciento de los recursos del sistema con «una cuantía per cápita igual para todos los lugares de España», aunque no se garantiaza que las Comunidades destinen ese 80 por ciento de los recursos (75 por ciento procedente de los impuestos y cinco por ciento que aporta el Estado) a los fines para los que se entregan.
Las líneas generales del modelo presentadas por la vicepresidenta Salgado, que no ha querido entrar en precisiones, se llevarán al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde probablemente serán aprobadas, porque hay mayoría de Comunidades gobernadas por los socialistas, para que posteriormente se redacte la correspondiente ley orgánica, que deberá tener el visto bueno del Parlamento… El parto se ha producido, pero todavía se desconoce todo del recién nacido y si ha nacido sin malformaciones…
