(PD).- El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, impuso hoy una fianza de 750.000 euros al ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo tras negarse a declarar por participación en la trama que dirigía Francisco Correa y por delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales y fraude fiscal.
En su comparecencia, el diputado regional López Viejo se negó a declarar al amparo del artículo 24 de la Constitución hasta que se levante el secreto de sumario. A petición de las fiscales Miriam Segura y Concha Sabadell, el instructor acordó imponer al diputado regional esta fianza, que es susceptible de recurso, para asegurar las responsabilidades pecuniarias que procedan de la causa penal.
De igual modo, el magistrado impuso el pasado martes al también diputado popular Benjamín Martín Vasco una cuantía de 955.000 euros con objeto de asegurar la devolución del dinero defraudado. Alfonso Bosch es el único de los tres parlamentarios madrileños sobre el que no pesan medidas cautelares por su imputación.
A su llegada a la sede judicial, a las 11.40 horas, el que fuera consejero de Deportes y organizador de los eventos del Partido Popular (PP) de Madrid se encontró con un gran revuelo por parte de los medios debido a la expectación que ha levantado su imputación, al ser el cargo de mayor rango y más cercano a la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre.
El parlamentario se negó a contestar a la tromba de preguntas lanzadas por los periodistas y se limitó a dar las gracias a los presentes. «No vayan ustedes a tropezarse», apeló a los medios el diputado en la Asamblea de Madrid.
De igual forma, a su salida evitó pronunciarse sobre si se le habían impuesto medidas cautelares y sobre la posibilidad de que entregue su acta de diputado, como solicitan PSOE e Izquierda Unida.
PREGUNTAS SIN RESPUESTAS
El instructor tenía previsto preguntarle acerca del contenido de las conversaciones grabadas por la Policía que lo implican en la red corrupta, así como la documentación que obra en poder del magistrado que lo relaciona con el entramado de empresas de Correa. Sin embargo, López Viejo se negó a explicar estos extremos.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón lo acusó de cobrar hasta 563.000 euros de la trama a cambio de adjudicar la mayoría de los actos institucionales en los que participaba Aguirre.
Según Garzón, López Viejo habría beneficiado a las empresas investigadas con la organización de eventos «desde su posición oficial en la Comunidad de Madrid». El juez sostenía que López Viejo recibía sobornos por dar contratos a Correa. En una de las conversaciones del sumario, Correa decía a su interlocutor que el ex consejero «se lleva una parte de cada acto que se hacía. Aquí un kilo, aquí medio…».
DE VUELTA A LA PRISIÓN
Por otra parte, el magistrado acordó mantener en prisión provisional al primo de Correa, Antoine Sánchez, quien cumple cárcel preventiva en la prisión de Soto del Real desde el pasado 12 de febrero. Se le imputa participación en una trama y los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capital y falsedad.
En el curso de la declaración, el imputado solicitó el levantamiento de la medida de prisión, que se resolverá por escrito una vez dado se dé traslado al Ministerio Fiscal. Al término de la deposición, se le condujo en un furgón policial al centro penitenciario.
Asimismo, el magistrado del TSJM tomó declaración al empresario Plácido Ramón Vázquez Diéguez por su implicación en la red corrupta de empresas. Al igual que al resto de imputados, se le acusó de los seis delitos de corrupción genéricos de la causa.
