(PD).- El juez Baltasar Garzón remitió este viernes nueve cajas de documentación a los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia tras inhibirse hace ocho días en el caso Gürtel. Llama, por ello, poderosamente la atención que Garzón volviera a interrogar como testigo a José Tomás García, el sastre empleado en las tiendas Milano y testigo clave sobre los trajes de Francisco Camps.
Como subraya el diario El Mundo en un editorial, ello supone una nueva extralimitación del juez, ya que la Ley de Enjuiciamiento Criminal sólo le autoriza a practicar las diligencias «necesarias».
Camps es una persona aforada y solamente tiene competencias para investigarle el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.
Este nuevo interrogatorio a José Tomás es una provocación al PP, que además sirve para enviar el mensaje a la opinión pública de que Garzón sigue indagando el asunto de los trajes.
Su nueva actuación se produce al día siguiente de su vuelta de Guatemala, donde fue a impartir un seminario sobre la justicia universal.
Allí afirmó que sus cuentas «están muy claras» y que ha pagado a Hacienda por todos sus ingresos. Garzón no se privó de amenazar a quienes le han reprochado su conducta: «Cuando llegue a España hablaré y a lo mejor me dicen que me calle».
Este viernes se negó a hablar e hizo bien porque un juez de la Audiencia Nacional no puede comportarse como un matón de barrio.
En cuanto a sus ingresos, nadie le ha acusado de evadir impuestos. Lo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está investigando es por qué no informó, como era su obligación, de que la Universidad de Nueva York lo tuvo en nómina y le abonó más de 200.000 dólares.
Garzón recibió otros 20.000 euros adicionales de la Universidad de Nueva York por entrevistar a Zapatero y otros líderes. Y según publica este sábado El Mundo, cobró otros 14.000 euros, gastos a parte, por una conferencia de una hora en Tampico (México) en octubre de 2007.
El juez aparece a la cabeza de la judicatura española en número de permisos para viajar dentro y fuera de España, haciendo de su trabajo una plataforma de proyección personal que le permite obtener unos importantes ingresos adicionales, en contraste con el resto de sus compañeros.
Si Garzón fuera un profesional modélico en su trabajo y dictara unos autos impecables, algunos de estos excesos podrían ser incluso disculpables. Pero resulta que Garzón es un pésimo instructor, con un historial de graves pifias y demostrado desprecio hacia la ley.
Garzón ha aprovechado la investigación sobre la trama de corrupción en el PP para hacer daño a este partido y ganar méritos ante el PSOE.
El es, el partido de Rajoy volvió a presentar una segunda denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial por la utilización del secreto sumarial y por haberse marchado al extranjero sin haber enviado los autos de inhibición.
La denuncia -casi con total seguridad- va a ser archivada, como también lo será -así lo ha solicitado la Fiscalía- la querella por prevaricación ante el Supremo.
Que Garzón esté actuando de forma sectaria e instrumentalizando los trámites procesales, no significa que haya cometido una prevaricación, que no es demostrable.
Pero aunque el juez no pueda ser sancionado penalmente, el CGPJ tiene margen para castigarle por esa ocultación de ingresos para la que no existe justificación posible.
