(PD).- Tras casi un mes de filtraciones continuas de la investigación del juez Baltasar Garzón a una red de empresas relacionadas con el PP, los abogados de la Generalitat han podido por fin «hincarle el diente» a una acusación que salpica al presidente valenciano, Francisco Camps, y al secretario general del PPCV, Ricardo Costa.
Escribe V. Villaplana en ABC que el resultado de ese análisis es concluyente. Falta de pruebas, errores e incongruencias en las que muy pronto basarán la defensa de los imputados en la causa, que se tralada ahora al Tribunal Superior de Justicia autonómico.
Incongruencia
Considera facturas que el auto tilda de falsas
La instrucción otorga credibilidad a los supuestos cobros recibidos por los representantes del PP pese a que el propio auto define como «facturas falsas» las operaciones financieras ficticias del grupo para acreditar una actividad con la que disimular los ingresos ilícitos. Además, los conceptos recogidos tampoco están claros.
Errores cronológicos
Actos cuando no estaba creada la empresa
El auto judicial afirma que en la empresa Orange Market aparece un archivo con el nombre de «congreso regional de Valencia» que va desde septiembre de 2002 hasta enero de 2003, en el que cita varios apuntes, tanto en «A» como en «B». Parece complicado que esta sociedad pudiera emitir facturas durante 2002 cuando Orange Market se constituyó en 2003 y empieza a operar efectivamente en 2004.
Baile de números
La financiación irregular no cuadra
El escrito del juez Baltasar Garzón se refiere a una supuesta financiación irregular al «PP de Valencia», aunque rápidamente puntualiza que es un extremo sin confirmar y que deber ser investigado. Pero lo más grave es que los supuestos fondos logrados por los populares con la trama no cuadran.
Primero se cita un dinero de «procedencia desconocida» que llega al PP por un total de 420.000 euros, pero después recoge que «consta una entrada de procedencia desconocida y, en el reparto de la misma, corresponden 420.700 euros».
El auto explica que, como concepto, aparece «PP VLC», de lo que presupone que «se distribuyó para algo relacionado con el Partido Popular de Valencia».
Productos que no casan
Facturas por conceptos que no se comercializan
La tienda Forever Young tiene un papel clave en la supuesta trama de soborno de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, el auto reconoce que la elaboración de las facturas se realizan por conceptos que ese establecimiento no comercializa, como metros de tela, seda natural, batista suiza azul y Oxford algodón, y «por cuantías que no se corresponden» con los pagos, ya que presentan agregados distintos pedidos a cuenta de ropa.
De esta forma, recoge que «la elaboración de las facturas responde a las necesidades que precisa la organización» para poder llevar a cabo sus supuestos fines delictivos.
Prenda inexistente
Un chaleco blanco que nunca apareció
El auto se refiere a varias prendas de vestir que el presidente de la Generalitat Valenciana habría recibido por parte de las empresas investigadas, entre ellas, un chaleco blanco que debía vestir Camps en una recepción del Papa en el Vaticano. Sin embargo, como ya informó ABC, el presidente valenciano vistió un chaleco negro en aquella ocasión.
Nexo causa-efecto
No prueba la relación con las adjudicaciones
Los abogados de la Generalitat defienden que el auto judicial no muestra el vínculo entre los supuestos pagos en especie a los representantes políticos del PP valenciano y las posteriores adjudicaciones de distintos stands de la Comunidad en certámenes turísticos como Fitur. Ninguna de esas adjudicaciones fue recurrida, por lo que el protocolo para la elección de adjudicatario se considera correcta y no puede deducirse contraprestación, según la doctrina del Tribunal Supremo.
«Pifias» geográficas
Miami no es un país, ni una capita
El auto asegura que la organización y sus empresas tenían negocios «en países tales como China, Azerbaiyán y Miami» (sic). Después se refiere a la ciudad de la costa este de Estados Unidos como «esta última capital», cuando Miami no es la capital de Florida, sino que lo es la ciudad de Tallahassee. Dos errores en un solo párrafo.
Problemas con las siglas
Confusión con el nombre del partido
Garzón crea confusión a la hora de nombrar a la estructura dentro del Partido Popular. En la cuarta conclusión cita «los gastos del congreso del Partido Popular en Valencia facturados por Orange Market SL y abonados por el PPV» (sic). «PPV» se referiría al PP provincial de Valencia o al municipal de la capital autonómica, no al estamento regional de la organización que lideran Camps y Ricardo Costa, que se denomina Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV).
