(PD).- Tres, eran tres. Bermejo, Garzón y Juan Antonio González, comisario jefe de la Policía Judicial, la triada que se había propuesto poner al partido de Rajoy contra las cuerdas en plena campaña electoral. Pero el famoso encuentro del ‘trío de la escopeta’ se desveló, y el tiro les ha salido por la culata. El ministro de Justicia ya es un ex. Garzón está a punto de ponerse de perfil -le queda, en recuerdo, una querella criminal del PP por prevaricación– y sólo queda el «poli», próximo objetivo con el que Rajoy y su equipo van a probar puntería.
Bermejo no ha tenido más remedio que marcharse a su casa. ¿Quién le iba a decir al soberbio ex ministro dos semanas antes que la operación puesta en marcha por el Gobierno, a través de la Fiscalía, y el juez Garzón, siempre solícito, iba a terminar con su cabeza colgada en la pared?
Mariano Rajoy, no lo ocultan los propios dirigentes del Partido Popular que le rodean, está que no cabe en el traje. Y eso que siguen cayendo chuzos de punta sobre el PP, muchos de ellos lanzados por el Juez Baltasar Garzón.
Dos hoas después de que el Partido Popular cumpliera finalmente con sus amenazas y presentará este miércoles una querella criminal por prevaricación en la que se pide inhabilitar a Garzón entre 10 y 20 años, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el juez ha emitido una nueva providencia, en la que implica a parlamentarios nacionales en la trama del engominado Correa.
La nueva providencia del magistrado de la Audiencia Nacional confirma lo que desde el pasado viernes adelanta Periodista Digital, tras la solicitud de Garzón al servicio de reprografía del juzgado de tres copias de las actuaciones con el objeto de iniciar su inhibición de la causa.
Las dos primeras irían a parar a los tribunales superiores de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia, como ya solicitase la propia Fiscalía Anticorrupción el pasado 18 de febrero. La tercera copia va a parar al Alto Tribunal.
GARZÓN IMPLICA AL TESORERO DEL PP Y A UN EURODIPUTADO POPULAR
Luis Bárcenas, tesorero del Partido Popular, y Gerardo Galeote, eurodiputado, son los dos aforados nacionales del PP investigados por el juez Baltasar Garzón en la ‘operación Gürtel’, una trama de corrupción que afecta a miembros del PP y que estaría liderada por Francisco Correa, según informa Veo Televisión.
El juez de la Audiencia Nacional ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si debe inhibirse en favor del Tribunal Supremo de toda la causa. Ha plantea esta cuestión en una providencia en la que da un plazo de 48 horas a la Fiscalía Anticorrupción para que responda «urgentemente» si mantiene su petición de inhibición ante los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia o si considera más procedente realizar una única inhibición ante el Supremo.
En esta providencia con fecha del martes, dada a conocer dos horas después de que el PP se querellara contra él por prevaricación y tras alzar parcialmente el secreto de sumario, el magistrado explica que un nuevo informe policial presentado ayer a las 15.30 horas refleja nuevos casos de aforados que implican a la competencia del Tribunal Supremo.
PROVIDENCIA Y AUTO DEL JUEZ GARZÓN
FASTIDIAR AL PP HASTA LA VÍSPERA DE LAS GALLEGAS
El segundo es el propio magistrado que, tras el ataque de ira que le mandó a la Ruber, ha tomado ya la decisión ayudado por la fiscalía: Se inhibe.
De hecho, ya está «inhibido», pues lleva días sin tocar el sumario. Ahora sólo falta calcular políticamente el momento en el que da la noticia para sacarle el mayor rédito en plena campaña.
Aunque hace dos días, alegando que había sufrido «presiones familiares intensas» debdio a su «delicado estado de salud», ya adelantó que tiraba la a, este miércoles ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si debe inhibirse en favor del Tribunal Supremo de toda la causa en la que investiga una presunta trama de corrupción que afecta a cargos del PP al haber encontrado indicios contra aforados nacionales, bien pertenecientes al Congreso o al Senado.
El magistrado de la Audiencia Nacional plantea esta cuestión en una providencia en la que da un plazo de 48 horas a la Fiscalía Anticorrupción para que responda «urgentemente» si mantiene su petición de inhibición ante los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia o si considera más procedente realizar una única inhibición ante el Supremo.
En esta providencia, notificada dos horas después de que el PP se querellara contra él por prevaricación y tras alzar parcialmente el secreto de sumario, el magistrado explica que un nuevo informe policial presentado ayer a las 15.30 horas refleja nuevos casos de aforados que implican a la competencia del Tribunal Supremo.
El escrito del juez, en el que no se cita ningún nombre, sugiere también que los hechos que implican a los aforados del Tribunal Supremo están conectados con los atribuidos indiciariamente a aforados de la Comunidad de Madrid que están siendo investigados en esta causa.
FILTRACIONES CON CUENTAGOTAS
Como estaba previsto, el famoso juez ha estado el tiempo necesario para armar la escandalera y acaparar todas las portadas de periódico posible. Y hacer el daño previsto al PP.
Esas 48 horas que se ha dado este miércoles de plazo, están medidas para que el viernes, coincidiendo con el cierre de campaña de las elecciones gallegas y vascas, salte a la portada de todos los medios de comunicación que hay tres aforados del PP -Barcenas, su tesorero nacional, López Viejo, ex consejero de la Comunidad de Madrid, y Camps, presidente de la Comunidad Valenciana- en la lista de imputados que deja su confuso, proceloso e intencionado sumario.
MAS PORTADAS
Portadas las ha tenido todas, pero el daño, tras conocerse el famoso encuentro con el ya ex ministro y con el jefe de la Policía Judicial, se ha vuelto en su contra. Y Garzón se despedirá con nuevas portadas: todas contra el PP.
El juez instructor más conocido de la historia de España ya lo tiene todo preparado para pasarle el caso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y al de Valencia. Quizá también -poco más se conoce que las informaciones interesadamente filtradas a El País y contadas con la intención correspondiente en el diario de Prisa– al Supremo. Habrá que esperar a que se decrete el levantamiento del secreto del sumario, de una vez, para conocer las personas imputadas a los que el juez y las fiscalía consideran imputados. Fracisco Camps tiene todos los boletos por el tema de los trajes, Luis Bárcenas, actual tesorero del Partido Popular, y Alberto López Viejo, dimitido ya de su cargo de Consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid.
En las próximas horas, pues, Baltasar Garzón dará la misión por cumplida y dejará volar el caso. La ruidera -con el redoble de El País y el altavoz de las televisiones-, no obstante, ha funcionado relativamente. La cacería del ‘trío de las escopeta’ les delató. No obstante, el juez se queda con una querella por prevaricación de la que le va a tocar defenderse.
Y el tercero, el comisario Jefe de la Policía Judicial. El Partido Popular va a poner todo el énfasis en descalabrarle. Sobre él pesa el caso Estopona, -del que sorprendentemente desapareció la hija de Javier Rojo, presidente socialista del Senado. En Génova lo analizan con lupa.
QUERELLA POR PREVARICACIÓN
La querella contra Garzón ha sido presentada por un abogado y un procurador del PP en torno a las 9.30 de la mañana y en este escrito se señala que se ha adoptado esta medida «al no haberse producido la inhibición solicitada por el fiscal el pasado miércoles y haber incurrido (el juez) con esta actitud en una reiterada conducta manifiestamente injusta a sabiendas».
Recuerda además que Garzón ha superado «con creces» el plazo de tres días que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal para remitir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid las actuaciones. Éste es el «defecto de forma» en el procedimiento que alega el PP, si bien cabe recordar que el pasado viernes el titular del Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional ingresó en la clínica Ruber, de Madrid, con síntomas propios de un infarto de miocardio.
En el escrito, de 16 folios, se señala que el juez habría incurrido en un delito de prevaricación al haber realizado actuaciones judiciales a sabiendas de que carecía de competencia. A juicio del PP, la conducta de Garzón habría sido «manifiestamente injusta», al superar el plazo para que remitiera al Tribunal Superior de Justicia de Madrid las actuaciones cuando tenía «plena consciencia» de que carecía de competencia para instruir el caso.
Agrega que el hecho de que el juez de la Audiencia Nacional participara en una cena y una cacería con el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo el mismo día que se filtró a los medios de comunicación la existencia de un proceso contra el PP refuerzan la idea del «comportamiento doloso del querellado».
En la querella se dice también que el juez Garzón no ha permitido al Partido Popular personarse como acusación particular y tampoco ha resuelto sobre esa misma petición formulada por la Comunidad de Madrid, cuando hace más de diez días que se solicitó, y él mismo había dejado apuntada tal posibilidad.
«Con su negativa a resolver se asegura, por un lado, que no va a ser objeto de recusación y, por otro, que no se va a solicitar la inhibición de la causa por la vía de solicitárselo a su superior prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dado que para ello se necesita ser parte».
