(PD).- Esteban González Pons ha exigido que se levante el secreto de sumario de la trama de corrupción, cuyos datos -reales o imaginarios- van filtrando poco a poco a El País personas cercanas al juez Garzón, al fiscal Valerío y a la Factoría Pepiño.
«Queremos saber cuántos miembros del PP han sido investigados sin fuero para hacerlo», ha afirmado el vicepresidente de Comunicación del PP.
Durante meses, dirigentes del PP, cargos públicos, empresarios y mandantes de diversa importancia han sido sometidos a un escrutinio secreto y exhaustivo cuyos resultados -sumados a lo que ha ido soltando por el móvil el engominado Correa o a chascarrillos de cafe- van a ir apareciendo en los medios de comunicación al margen de su relevancia penal.
El juicio técnico, procesal, es lo de menos; de lo que se trata es de conseguir un veredicto genérico de condena y escándalo que destroce en pedazos cualquier posibilidad de alternativa política al PSOE de Zapatero.
Antes del 5 de marzo parece improbable que Garzón suelte la presa. Con un maquiavelismo de libro, mantiene difuso el alcance de la “trama corrupta”, para aumentar el efecto de la onda expansiva. Eso explica el goteo de imputaciones y la cadencia con la que va soltando datos.
DENUNCIA EN LA FISCALIA
Los populares presentarán esta tarde una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por lo que consideran violación del secreto de sumario.
El PP se siente víctima de una cadena de filtraciones que proceden del Ministerio del Interior, del juez o del fiscal. González Pons ha vuelto a cargar contra el Gobierno ZP porque considera que se ha transferido información de forma interesada.
«Ayer se filtró un nombre – Francisco Camps- para que no se hablara de la huelga de jueces; nos tememos que vuelva a ocurrir la semana que viene para que no se hable de las elecciones», ha añadido el vicepresidente de Comunicación del PP en la rueda de prensa ofrecida en la sede nacional de la calle Génova.
Querella contra Garzón
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha confirmado que su partido va a presentar el escrito ante la Fiscalía manifestando su «indignación y queja formal» por el hecho de que la Fiscalía haya filtrado que el presidente valenciano, Francisco Camps, pudiera estar implicado y ha asegurado que su partido se querellará contra el juez Baltasar Garzón por prevaricación si no se inhibe en la investigación.
Para González Pons, la investigación de Garzón puede llegar el Gobierno por medio del Ministerio de Interior o del Ministerio de Justicia, mientras que el PP no tiene esa posibilidad.
«Es una trama contra el Partido Popular con el fin de hacer daño político y eliminar cualquier oposición», ha insistido el portavoz del PP.
Sospechas sobre contrataciones
González Pons ha advertido de que si se hacen simples conexiones entre partidos políticos y adjudicaciones públicas se puede someter a sospecha toda la contratación pública española. En ese sentido ha puesto como ejemplo que los autores de la campaña de publicidad del PSOE en los comicios son adjudicatarios de la Expo de Zaragoza.
En línea con las manifestaciones de los últimos días de resto de miembros de su partido, el vicepresidente de Comunicación del PP ha vuelto a pedir la dimisión del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo:
«No puede estar ni un día más al frente del ministerio después de haber reconocido que cazó sin licencia».
