(PD).- El «pez gordo» era Francisco Camps. Y toda operación judicial por tres trajes. Hay mucha «farfolla» en la instrucción que gota a gota va filtrando el juez Garzón y puede que muchos de los personajes que ahora se citan ni siquiera lleguen a sentarse en el banquillo, pero al presidente de la Comunidad Valenciana le van a hacer sudar tinta entre el juez Garzón, el fiscal Valerio, el comisario González y el ministro Bermejo.
Afirma El País, a quien han filtrado detalles del informe que la Fiscalía Anticorrupción entregó este miércoles a Garzón, que el juez detectó «una pequeña ramificación» de la red del engominado Francisco Correa en la Comunidad Valenciana.
El aforado al que se cita es el máximo cargo del Gobierno valenciano, su presidente, el popular Francisco Camps. Pero todo con alfileres.
En las grabaciones aportadas en la denuncia sobre el entramado que dirigía el engominado Correa aparece una frase de una imputada que alude al pago de 30.000 euros en trajes para el presidente Camps.
Garzón ha investigado tres facturas sobre este punto. Es la única referencia al pago de sobornos a cambio de un trato privilegiado con la Administración valenciana.
El presidente del Ejecutivo valenciano, que ha negado cualquier implicación en los hechos.
LA FISCALÍA DESINFLA EL GLOBO GARZÓN
A la luz de estos datos, la principal conclusión que se desprende es que el asunto tiene mucha menor entidad penal de lo que Garzón, la Factoría Pepiño y los medios afines a ZP intentan transmitir desde hace dos semanas.
Todavía habrá grandes titulares y Mariano Rajoy sigue obligado a limpiar a fondo esa zona del PP y cortar de raíz prácticas corruptas, que florecen al calor de los presupuestos oficiales, pero la sangre no llegará al río.
La Fiscalía acotó este miércoles la trama de corrupción vinculada al PP a la Comunidad de Madrid y, en menor medida, a la Comunidad Valenciana.
El magistrado de la Audiencia Nacional mostró entonces su disposición a seguir adelante con el núcleo de la investigación, con excepción de lo que afectase a los aforados: el presidente Camps y tres de mediana entidad en Madrid.
Pero la respuesta de Anticorrupción ha sido que remita «la totalidad» de la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con excepción de lo relativo a «determinados hechos, perfectamente escindibles» del resto de la trama, cuya investigación correspondería al Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana.
LOS IMPLICADOS EN MADRID
La investigación abierta en noviembre de 2007 a raíz de la denuncia de un ex concejal del PP ha hallado indicios de que los tres parlamentarios madrileños podrían haber cobrado «cientos de miles de euros» a cambio de favorecer los negocios de Correa y de su trama empresarial.
Las implicaciones de los parlamentarios madrileños en los negocios turbios que investiga la Audiencia se explican así en la denuncia:
– Adjudicación de locales en Boadilla del Monte. Francisco Correa se ufanaba en diciembre de 2007 de la adjudicación de unos locales en Boadilla del Monte (Madrid), donde gobernaba una de las personas con las que había realizado negocios, el popular Arturo González Panero.
Correa, en una grabación aportada al sumario, consideraba que la adjudicación de los locales a un amigo suyo se había hecho «en unas condiciones muy ventajosas». El beneficiario fue José Ramón Blanco, ex consejero delegado de Repsol, colaborador de Correa y otro de los imputados.
Logró 32 locales y un aparcamiento de 180 plazas por un canon anual de 320.000 euros durante 75 años. Un negocio por el que podría ganar más de un millón de euros al año.
El gerente de la Empresa Municipal del Suelo, encargada de ese proyecto, es Alfonso Bosch, diputado regional por el PP, aludido por Correa en sus conversaciones e incluso implicado en un vídeo comprometedor donde se repartirían comisiones.
– Adjudicaciones a Martinsa. Los miembros de la red corrupta se refieren en sus conversaciones a supuestos pagos de una inmobiliaria. «Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda; tardó seis meses y, golpe en mesa, febrero, abril, junio jodido y mayo liquidado. Me debe aún un millón de euros…».
En otra conversación, Correa y sus colaboradores implican a un ex alto cargo de Arganda del Rey (Madrid), Benjamín Martín Vasco, ex consejero delegado de la empresa pública de suelo de Arganda del Rey, que en noviembre de 2004 adjudicó a Martinsa un desarrollo urbanístico para levantar 300 viviendas. «Le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero».
Martín Vasco, diputado autonómico del PP, dimitió ayer forzado por Aguirre como presidente de la comisión que investiga el espionaje a cargos populares de Madrid. En la denuncia inicial se aludía a aumentos de edificabilidad en los planes parciales de Arganda como elemento clave para obtener plusvalías con la complicidad de miembros del consistorio.
– Contratos de la Consejería de Deportes. El ya ex consejero de Deportes de Madrid, Alberto López Viejo, adjudicó en los últimos años contratos al entramado de empresas de Correa. Por ese motivo, Esperanza Aguirre decidió atajar el escándalo destituyéndole. La Comunidad contrató cerca de ocho millones con la trama, de los que cinco corresponden a la Consejería de Deportes y están pendientes de pago.
