(PD).- A Bermejo le han hecho entonar la palinodia al constatar el Gobierno el desagrado unánime de la opinión pública por el mano a mano cinegético con Garzón. Consta el cabreo de Rubalcaba y De la Vega, y se intuye el reproche contrariado -«…pero cómo ha podido…»- del presidente.
Y para colmo, cuando se inicia la primera e histórica huelga de jueces, el ministro de Justicia ha contribuido un poco más a calentar los ánimos con sus extemporáneas declaraciones.
Si hace unos días calificaba la convocatoria de «algarada», este lunes echó mano de un trasnochado concepto de clases sociales para afirmar que asistimos a la «gran paradoja» de que sean los jueces, los pilotos o los controladores aéreos -y no el proletariado- los colectivos que se declaran en huelga.
El «bocazas» Bermejo trató una vez más de restar importancia a la huelga e insistió en que sólo «una minoría» secundará el paro. Pero estas palabras se compadecen mal con la preocupación que se desprende de las decisiones adoptadas por su Departamento, como es la de ordenar a los secretarios judiciales que hagan un seguimiento de los efectos de la protesta en la actividad de los juzgados y tribunales; es decir, que sean sus ojos.
Explica Ignacio Camacho en ABC que, para limitar los daños, la eficaz maquinaria de propaganda socialista ha buscado un preciso adjetivo-consigna: inoportuno. Es decir: fuera de tiempo o de propósito, inadecuado al momento y al lugar.
Un término que alude de modo expreso a la circunstancialidad de los hechos, dejando a salvo su esencia. Pero no fue sólo inoportuna esa cacería. Fue impropia, antiestética e indecorosa. Y no sólo por parte del ministro, sino también del juez.
Dos no se juntan si uno no quiere; si Bermejo se equivocó yendo, Garzón actuó de forma indebida al quedarse. Y a su señoría no se le ha oído siquiera un asomo de autocrítica, quizá porque no tenga quien se la ordene.
Todo parte seguramente de un concepto sobrado y arrogante de la impunidad. El político olvidó por un lado la necesidad de preservar las apariencias, y por otro cayó en la autocomplacencia señoritil de la montería, que choca con la estética austera de la que gusta presumir a la izquierda. No es defecto infrecuente en la nomenclatura socialista; otros se han subido muy ufanos en yates de plutócratas.
El magistrado, por su parte, se saltó la más elemental de las cautelas profesionales, la que afecta a la preservación de su imparcialidad. Lo que escenificaron fue un compadreo desdeñoso de las mínimas exigencias formales de calidad democrática, y en un marco de desagradables connotaciones caciquiles que remite a la peor memoria oligárquica.
En las democracias respetuosas consigo mismas, esta clase de asuntos se resuelve con una autodepuración. A la palinodia ha de seguir la renuncia. Se comete un error y se paga por ello; es la forma de presentar excusas en el juego político normalizado. Las cosas se zanjan así: el ministro se va y el juez declina el caso en un colega no contaminado para preservar la limpieza del proceso.
Por el bien del propio sumario; si se trata de un asunto tan grave como parece, requiere un instructor a salvo de sospecha para llevarlo a sus últimas consecuencias sin que nadie encuentre pretextos para cuestionarlo.
Y si no se van «motu proprio», se les echa. El presidente debe exigir la dimisión a Bermejo, y la autoridad judicial ha de apartar a Garzón de un caso en el que no ha sabido mostrar la distancia decorosa.
Y no sólo porque, a fin de cuentas, las cosas suelen ser como parece que son, sino simplemente por una cuestión de pulcritud, de prudencia, de escrúpulo y de delicadeza. Porque la democracia y la justicia están basadas en la salvaguarda del rigor y en el respeto a las formas.
