(PD).- Tanto Justicia como CGPJ se han desmarcado, pero los jueces siguen dispuestos a ir a la huelga. Este miércoles, más de un tercio de los magistrados en activo protestarán por la situación tercermundista que vive la Administración de Justicia y la falta de apoyos del Ejecutivo.
Siguen adelante con una protesta histórica con la oposición de los estamentos judiciales y partidos políticos. Y es que a pesar de que la doctrina de CGPJ no reconoce el derecho a huelga de los jueces al tratarse de uno de los poderes del Estado, no existe regulación alguna en la Constitución; motivo que ha servido para el amparo de los huelguista bajo la premisa del «si la Ley no lo prohíbe, está permitido».
Los jueces han convocado este paro como medida de presión para que el Ministerio de Justicia y el CGPJ acepten sus reivindicaciones, que pasan por un incremento retributivo, la adecuación del ratio de jueces al de la media europea y el no perder la agenda de los señalamientos (potestad que una reforma legal prevé asignar a los secretarios judiciales).
La huelga es fruto del malestar del colectivo tras las críticas vertidas por el Gobierno central a raíz de la decisión del Consejo de sancionar con 1.500 euros al juez de Sevilla Rafael Tirado, cuya actuación permitió que el asesino de la niña Mari Luz estuviera en libertad pese a estar condenado por pederasta.
«No hay base jurídica»
Entre la clase política hay opiniones para todos los gustos aunque todos coinciden la decisión de los jueces «carece de base jurídica». PP y PSOE coinciden en el fondo, aunque no en las formas. Para José Antonio Alonso se trata de una protesta «injusta» ya que «este Gobierno» es el que más se esforzado en mejorar la Justicia. El portavoz socialista en el Congreso cree que no cabe la huelga para los que ilegalizan Batasuna, protegen a maltratadas y encarcelan asesinos.
El PP, aunque inicialmente mostró su rechazo a la huelga, se ha desmarcado de las críticas tras su ruptura con el Ministerio de Justicia al que acusa de «herir a los jueces y ocultar la verdad» y no dotar a los magistrados de los recursos necesarios.
Bermejo, a los pies de los caballos tras el escándalo de la cacería, entiende que estos paros son consecuencia de la «degradación del sistema». En declaraciones a la Cadena Ser, el titular de Justicia considera que se trata de «una actitud que no está dentro de las reglas» y pide al CGPJ que tome cartas en el asunto.
Puedo comprender el malestar en el ámbito de justicia porque no ha tenido el impulso en 30 años que debería haber tenido, pero no acabo de entender que se pongan en huelga, aunque me esfuerzo por entenderla.
Al igual que Alonso, Bermejo mantiene que el PSOE es el Gobierno que más jueces, fiscales y secretarios judiciales ha creado y que tampoco han dejado parada la oferta de empleo público ni la formación de interinos. También califica de «incomprensible» que las demandas salariales de los jueces vuelvan a ser uno de los pilares de la protesta de mañana.
Desmarcados de la propuesta
El pasado 12 de enero, las asociaciones de jueces la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD), la Asociación Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) consensuaron una propuesta para concentrarse el 18 en la puerta de los juzgados y dejaron la puerta abierta a una huelga para el 26 de junio.
Sin embargo, días más tarde la AJFV y el FJI presentaron ante el órgano de Gobierno una convocatoria formal de huelga, desmarcándose de sus compañeros.
Precariedad y colapso
Las demandas de la Judicatura pasan por la instauración de la nueva oficina judicial, la implantación en los juzgados de las nuevas tecnologías, el establecimiento de una carga máxima de trabajo razonable que pueda asumir cada juez, la adopción de medidas necesarias para la conciliación de la vida laboral y familiar de los magistrados y una adecuación de las retribuciones que perciben.
Los jueces reclaman un incremento presupuestario de un 3,5 por ciento, un ratio de jueces como el de la media europea, es decir, 20 por cada 100.000 habitantes, y controlar la agenda de señalamientos ante la previsión de la Oficina Judicial de dar esta potestad a los secretarios judiciales.
Sobre el incremento de la plantilla, estiman que se necesita un plazo de cinco años para que se creen 1.200 plazas judiciales –ahora hay 4.400, con jueces profesionales– con miras a afrontar el exceso de trabajo que asumen los magistrados de la capital.
