(PD).- El PSOE ha mostrado su «total desacuerdo» y el de su formación política con la resolución del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) relativa a la sanción al juez Rafael Tirado por el denominado ‘caso Mari Luz’. Álvaro Cuesta ha acusado al Consejo de «no haber estado a la altura de las circunstancias dando, una parte de sus miembros, una imagen penosa de debilidad y corporativismo».
«El Consejo ha defraudado la confianza de muchos de los parlamentarios que le han elegido«, ha subrayado el también presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
Además, Cuesta ha asegurado que con su resolución el CGPJ, que el pasado martes confirmó la multa de 1.500 euros que impuso al juez Tirado por el retraso en la ejecución de una condena por abusos contra el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, ha demostrado «ser rehén de la asociaciones judiciales y del corporativismo» y afirmó que «parece un órgano subordinado a las asociaciones judiciales y ha olvidado que su legitimidad proviene del Parlamento y de la Constitución».
«Las asociaciones judiciales y el Consejo han demostrado que están asustados por la amenaza de huelga de un sector de la judicatura y que están más preocupados por su implantación asociativa que por la imagen de la Justicia».
Necesidad de ‘reformas urgentes’
El dirigente socialista, que ha indicado que el CGPJ «ha transmitido miedo con su resolución», ha recordado también que desde su elección parlamentaria en septiembre de este año, el consejo «aún no ha comparecido ante el Parlamento» para explicar las memorias del Poder Judicial y las líneas básicas de su mandato.
Además, Cuesta ha considerado que «es urgente» que el Grupo Socialista solicite la comparecencia del CGPJ en el Parlamento para que explique las razones de su política disciplinaria y de inspección de tribunales.
En este sentido ha recordado la necesidad de emprender «urgentes reformas en materia de organización de tribunales, de su funcionamiento, así como del propio Consejo General del Poder Judicial«.
En el mismo tono, la Junta Directiva de la Unión Romaní, en nota de prensa, ha calificado la decisión del CGPJ como «un comportamiento corporativista que abre más, si cabe, la zanja existente entre los administradores de la Justicia y la opinión que de ellos tiene buena parte de la ciudadanía española».
La ‘Justicia bananera’ del CGPJ
Por su parte, la Asociación Nacional de Afectados por Errores y Abusos Judiciales, con sede en Zaragoza, ha asegurado que el CGPJ ayuda a crear en España una «Justicia bananera» al haber multado y no suspendido al juez Rafael Tirado.
Miguel Allué, presidente de este colectivo, ha dicho, en declaraciones a Servimedia, que los jueces y sus representantes han demostrado con esta decisión que «no tienen respeto a nada y, por tanto, los ciudadanos les estamos empezando a perder también el respeto».
Allué se ha quejado de que el juez Tirado no sea sancionado, cuando los miembros de la judicatura «no dejan de ser como cualquier otro ciudadano».
A su juicio, «igual que hay que actualizar las leyes, también hay que actualizar todo el reglamento de sanciones» de los miembros del Poder Judicial.
