(PD).- Esquerra Republicana de Cataluña es un partido antisistema, que rechaza sin eufemismos la forma de Estado y la forma de gobierno. Abusando de las libertades que le otorga esa misma Constitución que desprecia, Joan Tardá, diputado del partido independentista, cerró el sábado su intervención en un mitin de su formación política al grito de «Viva la república, muera el Borbón», después de decir, entre otras lindezas, que el Tribunal Constitucional está conformado por «corruptos».
Afirma el diario ABC en un largo editorial que el dirigente de ERC probablemente ha cruzado la línea que separa la mera zafiedad y el mal gusto de las conductas tipificadas por el Código Penal en el capítulo referido a los delitos contra la Corona.
Sus palabras no están cubiertas por la inviolabilidad parlamentaria, puesto que -según la jurisprudencia constitucional- ésta sólo alcanza a los actos parlamentarios realizados en el seno de las Cortes Generales y, por excepción, a los actos externos que sean reproducción literal de otros internos.
A su vez, la inmunidad y el aforamiento no suponen, como es evidente, una exención de responsabilidad sino un cauce específico para su exigencia, a través de la autorización de la Cámara y de la competencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
El Ministerio Fiscal debería analizar con todo detalle las circunstancias jurídicas del caso por si estima pertinente ejercer las acciones que procedan. Las absurdas aclaraciones del diputado republicano en el sentido de que se refería a la muerte «política» de la Monarquía, sólo sirven para confirmar la impresión generalizada de que Tardá está ahora seriamente preocupado ante la repercusión de sus palabras, que van mucho más allá del simple exabrupto o de la falta de respeto institucional.
La opinión pública contempla entre el estupor y la indignación el ínfimo nivel que demuestran algunos miembros de la clase política. En este contexto, no es extraño que la propia Generalitat catalana admita en un estudio de opinión que el índice de satisfacción de los ciudadanos con sus políticos se sitúa bastante por debajo de cero.
Lo más grave es que Tardá es miembro de un partido que forma parte del tripartito presidido por José Montilla, quien debería manifestarse claramente sobre las opiniones de sus socios radicales. También Joan Puigcercós, secretario general de ERC y alto cargo del Ejecutivo catalán, tiene que aclarar de inmediato si el deseo expresado por su compañero de partido coincide con la posición oficial de esa formación política.
En términos morales, no ofende quien quiere, sino quien puede, y las palabras de este personaje menor en la vida social y política carecerían de toda relevancia si no se tratara de un representante de los ciudadanos. En efecto, los términos han sido utilizados por una persona que ocupa un escaño en el Congreso y ejerce, por tanto, una responsabilidad cuyo fundamento deriva de la Constitución auspiciada -hace ahora treinta años- por la Monarquía de todos los españoles.
Ha llegado la hora de que la sociedad española se muestre muy exigente con sus políticos cuando éstos demuestren su indignidad para ejercer la noble función que les encomienda la voluntad popular. Es imprescindible desterrar la grosería y el lenguaje propio de matones de barrio que prodigan últimamente algunos dirigentes.
En este caso, las cosas han ido más lejos de lo permisible en una sociedad civilizada y democrática. Tardá tiene que dimitir de inmediato, ya sea por iniciativa propia o a instancias de su partido, sin perjuicio de que la Fiscalía haga su trabajo en defensa de la legalidad y del respeto al ordenamiento jurídico.
No es posible pasar por alto unas expresiones que incitan objetivamente a la violencia y que incapacitan a su autor para representar a los ciudadanos. La condena unánime, si bien con algunos matices muy significativos, no es suficiente para salvar la dignidad de la Cámara parlamentaria, degradada por el comportamiento intolerable de uno de sus miembros.
El imperio de la ley y el prestigio de las instituciones exigen una reacción contundente.
DENUNCIA DE MANOS LIMPIAS
El Sindicato Manos Limpias, con fecha 9 de diciembre de 2008, ha formulado denuncia para su transformación en querella contra el diputado de ERC, Joan Tardá, con motivo de la manifestación que efectuó, en el 30 aniversario de la Constitución.
A juicio del Sindicato, se ha amenazado a la Institución Monárquica, se ha calumniado e injuriando a los miembros del Tribunal Constitucional y finalmente se ha “ofendido” a los ciudadanos españoles que estamos amparado y representados por la Carta Magna
Con claro animus injuriandi, calumnia, injuria y amenaza a las Instituciones, prevaliéndose de su condición de diputado con el respaldo del los grupos independentistas.
Las disculpas pactadas que le admite el Presidente del Congreso de los Diputados, en modo alguno la exoneran para verse imputado en un claro delito.
Por otra parte, el Sindicato Manos Limpias ha denunciado al responsable de los Mossos D’Escuadra y de la Guardia Urbana por su pasividad convirtiéndose en cooperadores necesarios.