(PD).- Varias sentencias judiciales amparan en España la descalificación del adversario como fórmula de confrontación política, y aunque todas deploran el insulto, tienden a despenalizarlo como mal menor ante los valores constitucionales de la libertad de expresión y la inviolabilidad de la acción representativa, y siempre que no se entrometa en la esfera privada del sujeto.
Escribe Ignacio Camacho en ABC que el asunto ya de por sí es lamentable porque revela el uso sistemático del agravio como arma dialéctica, pero en todo caso se trata de preservar la capacidad de un político para criticar a otro en el uso de sus funciones públicas.
Lo que de ningún modo está escrito ni reconocido es la decencia del comportamiento ofensivo, que degrada a quien lo profiere y rebaja el noble ejercicio del debate al ámbito acanallado de la disputa corralera.
Con su grosero rebuzno en un pleno municipal, el alcalde de Getafe ha dado el inadmisible salto cualitativo de extender la afrenta, desgraciadamente usual entre los profesionales de la política, a todos los ciudadanos que no comparten su procaz sectarismo.
El incontrolado calentón de este caciquil monterilla lo inhabilita moralmente para la responsabilidad pública, por más disculpas que -primero a regañadientes, luego forzado por el escándalo- haya tenido que improvisar para rebajar su exceso.
No hay excusas, precisamente porque se trató de un exabrupto a bote pronto que retrata su zafia catadura faccionaria. Otras virtudes tendrá sin duda Pedro Castro para haberle procurado varias reelecciones consecutivas, pero él mismo las ha nublado con una actuación ignominiosa cuya indignidad debería ofender a sus propios electores. Sencillamente, a los tipos que se comportan de ese modo hay que sacarlos de la vida pública.
Ocurre que en España la política se ha envilecido al extremo de estancarse en el fango del oprobio. Cada mañana, destacados líderes de la partitocracia dedican gran parte de su tiempo a lanzar improperios superficiales contra el rival, sustituyendo el debate de ideas por un zafio intercambio de invectivas sin ingenio.
Con un lenguaje de patio de vecindad, han convertido la discusión democrática en una riña visceral y en una burda agitación sectaria, en la que el poder ha introducido además una insólita estrategia de acorralamiento y cacería de la oposición.
Cuando entre lo más selecto de la nomenclatura no existe otro recurso intelectual que el escarnio del adversario, y cuando sus jefes practican la exclusión del discrepante, poco tiene de extraño que un alcalde de medio pelo se considere autorizado para llamar tontos de los cojones a todos los que no comparten el esclarecido liderazgo de su bandería.
Pero este viciado clima general no le proporciona suficiente coartada; un dirigente público que no respeta a los ciudadanos carece de sitio en una democracia limpia. Pedir disculpas y admitir su atropello le absuelve como persona, no como político.
Por eso se tiene que ir, al menos de una Federación de Municipios que deshonra con su presidencia, y en la que dentro de su propio partido hay muchos alcaldes con más dignidad y más decoro. Tontos de los cojones serían, ciertamente, los que permitiesen la impunidad de este testicular desafuero.
