Aznar augura entre seis y diez años de crisis y un desempleo superior a 4 millones de parados

José María Aznar
José María Aznar

El ex presidente del Gobierno José María Aznar se abonó ayer a los augurios económicos menos favorables al alertar que hay expertos que apuntan a que España puede entrar «en una crisis de entre seis y diez años con una economía lastrada por una grave pérdida de competitividad».

Este vaticinio agrega un dato aún más estremecedor: «La crisis situará el desempleo por encima de los cuatro millones de parados».

Tras expresar su convencimiento de que será precisamente Estados Unidos el primero que levante cabeza y Europa aborde, en cambio, un proceso de recuperación más «incierto, tardío y de menor intensidad» que el de los estadounidenses, señaló que en España «la recesión va a ser más intensa y más prolongada que en el resto de Europa».

Atribuyó esta previsión al «brutal desequilibrio de las cuentas exteriores»; al «excesivo incremento» del gasto público; a la inflación, así como a los, a su juicio, «retrocesos experimentados en el terreno de la flexibilidad y la liberalización, en particular en lo referido al mercado de trabajo», entre otras cuestiones.

Aznar realizó estas apreciaciones durante la clausura del Congreso de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, celebrado en Zaragoza. Y fue ante los asistentes a esta cita que defendió que frente a la crisis «es preciso trabajar más, recortar el gasto público y acometer profundas reformas estructurales en muchos ámbitos». «No son recetas simpáticas, pero son las únicas que nos pueden sacar de la crisis», defendió.

La primera tarea que Aznar entiende como crucial es restaurar la confianza en el seno del sistema financiero español. Hasta tal punto da importancia a este capítulo que exhorta al Gobierno a que reflexione sobre el alcance de las iniciativas ya aprobadas (que no puestas en marcha) por si fuera necesario «emprender medidas de mayor alcance».

También el ex jefe del Ejecutivo considera urgente una reforma fiscal y otra laboral, que no eluda, esta última, «aspectos tales como la negociación colectiva, la intermediación laboral, las políticas activas, la movilidad geográfica y laboral o los incentivos a permanecer activo y empleado».

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