(PD).- Rosa Díez hace un análisis pormenorizado del problema lingüístico en España. Bajao el título de «No es la lengua, son los ciudadanos», la diputada de UPyD explica que a lo que ella no le preocupa es la lengua española, «porque la hablan 400 millones de personas y cada día se expande más, sino el uso que se hace de ella para discriminar a quien se niega a asumir las consignas de «normalización lingüística» de los nacionalistas«.
«No todos los que denunciamos la situación que atraviesa la lengua española enfocamos la cuestión de la misma manera. A mi partido, Unión, Progreso y Democracia (UPyD), lo mismo que a quienes impulsaron el Manifiesto por la Lengua Común, no le preocupa la situación del castellano ni su futuro. No nos preocupa el futuro de la lengua española porque sabemos que el nuestro es un idioma poderoso, rico y culto, que hablan más de 400 millones de ciudadanos en todo el mundo y cuyo conocimiento y estudio se expande de forma acelerada en países tan importantes como Brasil o Estados Unidos».
Según escribe Rosa Díez en El Mundo,
«No es el idioma el que está siendo atacado por los partidos políticos que llaman normalización lingüística a la exclusión de la lengua castellana del espacio público. El idioma es el instrumento que utilizan esos partidos políticos para discriminar a los ciudadanos que se niegan a normalizarse y a asumir las consignas de los nacionalistas o de sus asimilados en los gobiernos autonómicos o en el Gobierno de la Nación».
Y continúa:
Hablar de los ataques al español es caer en la trampa de quienes plantean la cuestión como una batalla entre idiomas y nos quieren convencer de que tratan de proteger al más débil de ellos. Los idiomas no tienen derechos; por tanto, no deben ser protegidos por nadie. Los idiomas son instrumentos de comunicación y expresiones culturales y sociales de un tiempo. A lo largo de la historia de la humanidad han aparecido y desaparecido centenares de ellos, sin que nadie haya osado calificar de genocidio lingüístico la sustitución de ninguna de esas lenguas por otras asumidas por los ciudadanos como parte de la evolución de la sociedad.
Esto que afirmo no es incompatible con que las instituciones -y los particulares- decidan impulsar medidas para conservar una lengua minoritaria en el conjunto del Estado y/o en una comunidad autónoma en la que es lengua cooficial. Pero una cosa es movilizar recursos públicos para mantener un idioma y otra muy distinta tratar de imponer el uso exclusivo del mismo en el espacio público. Una cosa es garantizar la enseñanza de la lengua cooficial y otra bien distinta salir a la calle a buscar hablantes de la misma.
Dice Díez:
Lo que está ocurriendo en nuestro país es que los nacionalistas han impuesto una dictadura lingüística en las comunidades que gobiernan o en las que se han convertido en clave para que gobierne el PSOE o el PP. Esta dictadura lingüística sólo genera discriminación de los derechos individuales de los ciudadanos y empobrecimiento colectivo de la propia comunidad. Podríamos decir que esta política no favorece a nadie; lo que sería cierto, si no tomáramos en consideración que ya ha cumplido su objetivo: que se sepa quién manda. Y que, para estar a bien con el cacique, todo el mundo termine transigiendo ante lo que son verdaderos abusos contra los derechos ciudadanos y la inteligencia colectiva de la sociedad.
Y concluye:
Ya no es suficiente con que algunos partidos hagan proclamas sentimentales de defensa de la lengua: hay que legislar. UPyD tiene sólo una diputada en el Parlamento nacional, pero estamos defendiendo una política de interés general. Veremos si, cuando llegue esta proposición a debate, los diputados que forman parte del partido que ha abandonado la defensa del Estado y los que forman parte del que está cargado de complejos e hipotecas se acuerdan de una vez que están en las Cortes para servir a los ciudadanos y no para conseguir mantenerse en el poder.
