La líder de UPyD le ha dicho al Gobierno de que con su política lingüística «limitan» la movilidad de «centenares de miles de trabajadores». A su juicio, estas actuaciones traen consigo servicios públicos «menos eficaces, más caros y de menor nivel profesional». Por su parte, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha acusado a Díez de «negar la realidad de España».
Rosa Díez ha recriminado al Gobierno que la política lingüística que defiende esté limitando la movilidad laboral en España por lo que ha sido respondida por el ministro Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, acusándole de «negar la realidad».
La líder de UPyD replicó al ministro que no sea consciente de que la política lingüística del Ejecutivo «limita» la movilidad de «centenares de miles» de trabajadores rompiendo así su libre circulación y la unidad de mercado y estableciendo ciudadanos «de primera y de segunda».
En este sentido, Díez criticó en concreto que los profesionales de comunidades autonómicas bilingües puedan acceder a un trabajo de cualquiera de las no bilingües y que «no haya reciprocidad». Por ello, ha criticado duramente que se imponga a las empresas costes adicionales por emitir publicidad en una lengua cooficial, como ocurrió con Air Berlin o que los conocimientos de una lengua cooficial para acceder a un puesto público sean más valorado que los profesionales, poniendo como ejemplo el Servicio Vasco de Salud.
En su opinión, ello trae consigo servicios públicos «menos eficaces, más caros y de menor nivel profesional» y hace que los ciudadanos «paguen más» por recibir un servicio de peor calidad. Por todo ello, la ex eurodiputada socialista echó en cara al Gobierno que haya «desandado» el camino emprendido por la UE para mejorar la libre circulación profesional al introducir «malas prácticas».
Ante las críticas de Díez, el titular de Trabajo negó la mayor y aseguró que la política que lleva adelante su Ministerio no está significando «ninguna restricción» a la movilidad laboral de los españoles ni a la oportunidad de trabajar en el territorio nacional en función de las ofertas laborales, como, según dijo, así lo establece el Estatuto de los Trabajadores. «Cualquier obstáculo de acceso al empleo basado en el origen o residencia sería nulo por ser contrario a la Constitución», añadió.
El ministro recordó además que existen sentencias del Tribunal Constitucional que establecen la legalidad de convocar una plaza pública también en lenguas cooficiales para reprochar a la diputada de UPyD de negar la realidad lingüística de nuestro país. «Es usted quien niega la realidad de España, no nosotros», concluyó.
