Rosa Díez: » ¿Cuanta gente más ha de ser asesinada con información obtenida por quienes están dentro de las instituciones para que les eche ZP?»

(PD).- Tras la tropelía de meter a ETA en las instituciones, el Gobierno de Zapatero marea la perdiz con «mociones éticas» pero sigue sin actuar contra el brazo político de los terroristas. «¿A que esperan para echarles?»»¿Cuánta gente más ha de ser asesinada con información y recursos obtenidos por y desde quienes están dentro de las instituciones democráticas? Sr. Presidente: no espere más y aplique la Ley contra ETA».

«Han pasado ocho años desde que ETA asesinara en Andoaín a José Luís López de Lacalle. El Alcalde de entonces se llamaba José Antonio Barandiarán. Él y su partido, la franquicia de turno de ETA, se negaron a condenar el atentado. Lo calificaron como un «lamentable incidente».

«Han pasado cinco años desde que Joseba Pagazaurtundúa fue asesinado por ETA en Andoaín. El alcalde de entonces se llamaba José Antonio Barandiarán. Él y su partido se negaron a condenar el atentado. El PNV se negó a votar una moción de censura contra él y el alcalde siguió gobernando hasta el final de la legislatura».

Rosa Díez no se resiste a denunciar con vehemencia lo que sigue ocurriendo -y ha ocurrido- en el País Vasco.

«José Antonio Barandiarán dejó de ser alcalde en el año 2003. La lista de la que formaba parte fue anulada por los tribunales de Justicia en aplicación de la Ley de Partidos. La Ley de Partidos, hecha en tiempos en los que funcionaba el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, impidió que los terroristas siguieran gobernando las instituciones democráticas del País Vasco y Navarra. La Ley de Partidos expulsó a los enemigos de la democracia de las instituciones desde las que nos tienen a tiro, desde las que reciben dinero e información para perseguir con mayor eficacia a los demócratas».

Y recuerda Rosa Díez en su blog, por si alguien lo ha olvidado:

«En el año 2004, el Gobierno socialista de José Luís Rodríguez Zapatero dio instrucciones a la Fiscalía General del Estado y a la Abogacía del Estado para que no recurrieran todas las candidaturas en las que la nueva franquicia de ETA (ANV) se presentaba en toda Euskadi y en Navarra. Las candidaturas no recurridas no pudieron ser suspendidas por el Tribunal Supremo. Y los terroristas volvieron a estar presentes en las instituciones democráticas; los terroristas volvieron a recibir dinero e información para preparar con más eficacia los crímenes».

La portavoz de UPyD pone en la picota al Gobierno de Zapatero:

«Hemos solicitado al Gobierno que aplique todos los instrumentos del Estado de Derecho para expulsar de las instituciones democráticas a los enemigos de la democracia. Hemos solicitado al Gobierno que aplique el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local y disuelva los Ayuntamientos gobernados por ANV, a la que, por fin, incluso el Fiscal General del Estado considera que forma parte del entramado de ETA. ¿A qué espera el Gobierno para aprobar ese Real Decreto que le permitirá expulsar a ETA de las instituciones? ¿Hemos de esperar ocho o cinco años para que sean detenidos por pertenecer a ETA quienes hoy gobiernan las instituciones vascas y/o navarras . ¿Acaso hemos de esperar a que sean cometidos más crímenes para cargarnos de razón?»

Concluye la valiente diputada nacional:

«¿A que esperan para echarles? Insisto: ¿cuanta gente más ha de ser asesinada con información y recursos obtenidos por y desde quienes están dentro de las instituciones democráticas?»

«Sr. Presidente: no espere más y aplique la Ley contra ETA. Toda la Ley. El artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, también».

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