(PD).- Garzón interrogará este lunes como testigos al presidente del PNV, Iñigo Urkullu, al ex presidente de esta formación Xabier Arzalluz y al responsable del partido en Guipúzcoa, Joseba Egibar, en relación con la investigación que sigue sobre el aparato de extorsión de ETA.
Los tres dirigentes del PNV declararán a petición de la defensa del que fuera responsable de las relaciones internacionales del partido vasco, Gorka Agirre, imputado en estas diligencias por el delito de colaboración con banda armada, que ha pedido que se retire la acusación.
Agirre compareció ante el juez el pasado 16 de mayo y le aseguró que "jamás" había actuado como mediador de ETA en el pago del impuesto revolucionario, ni había negociado con la banda armada y que siempre había recomendado "hacer frente al chantaje etarra".
Ésta era la respuesta que el ex miembro del Euskadi Buru Batzar (Ejecutiva del PNV) daba a los empresarios que recibían cartas de extorsión de ETA y acudían a él a pedirle consejo, según dijo al juez.
Más testigos
En relación con la revisión de la situación procesal de Agirre, también declararán ante el magistrado, el 27 de mayo, el periodista Gorka Landaburu, que perdió varios dedos y la vista de un ojo en un atentado de ETA con paquete bomba en 2001, y su hermano Ander, también periodista.
El juez Garzón tiene abiertas tres investigaciones en relación con el aparato de extorsión de ETA, una general que se centra en las cartas que ETA enviaba a los empresarios para reclamarles el "impuesto revolucionario", en la que están imputados Gorka Agirre y otra veintena de personas.
El bar Faisán
También investiga el papel que desempeñaba en este entramado el bar Faisán, situado en la localidad fronteriza de Irún y propiedad de la familia Elosua, donde al parecer se citaban varios de los imputados en la causa.
Los otros dos sumarios se han separado del general y uno de ellos se refiere a las cuentas de la banda en el extranjero y el otro al llamado "chivatazo a ETA" que supuestamente alertó a la organización terrorista sobre una operación policial contra su red de chantaje el 20 de junio de 2006, tres meses después del último alto el fuego declarado por la banda.
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