(PD / Agencias).-El locutor de la COPE ha declarado este lunes, en relación con la querella que el Sindicato Unificado de Policía interpuso contra él por injurias y calumnias por sus críticas sobre la actuación policial en el 11-M, que se «limitaba» a comentar las informaciones del diario El Mundo.
Así lo ha manifestado Jiménez Losantos a la titular del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid, María del Carmen Pérez, que esta mañana le ha tomado declaración en calidad de imputado.
El locutor ha recalcado que sus intervenciones radiofónicas sobre la actuación de las Fuerzas de Seguridad en la investigación de los atentados del 11-M eran para «comentar» las informaciones publicadas al respecto en el mencionado periódico, que es el «que ha llevado la investigación».
El SUP acusa al locutor de vulnerar el «legítimo ejercicio de la libertad de expresión» al haberse extralimitado en su ejercicio y ha aportado recortes de prensa y la transcripción de las interveniones radiofónicas -recogidas de la web de la COPE- en las que Jiménez Losantos supuestamente acusaba a policías, con nombres y apellidos.
Losantos pide las transcripciones íntegras
Estas transcripciones no han sido aceptadas por el locutor y ha pedido que se escuchen las grabaciones íntegras de sus intervenciones y no fragmentos sueltos, que deben ser aportadas por la COPE y por lo que, previsiblemente, deberá repetirse la toma de declaración.
Según la denuncia del SUP, Jiménez Losantos acusaba a policías concretos de colocar la bomba de Vallecas, de haber permitido la masacre, de haber falsificado pruebas, de tener conexiones con ETA y de colaborar en un golpe de Estado.
El locutor, que ha estado acompañado por su abogada Cristina Peña, se ha mostrado sorprendido de que ninguno de los supuestamente mencionados le haya denunciado y en cambio sí lo haya hecho el sindicato policial, según las fuentes mencionadas.
El pasado mes de diciembre, el SUP presentó su querella en la Audiencia Nacional y después de que la Fiscalía se pronunciara a favor de que este tribunal lo investigara, el juez Santiago Pedraz, al que había correspondido la querella, se declaró no competente para investigar los hechos y se inhibió en favor de los Juzgados de Madrid.
El delito de injurias y calumnias está penado hasta con un máximo de dos años de cárcel y de 24 meses de multa.
