Una comisión exonera a cuatro policías involucrados en el ‘caso Menezes’

(EFE / PD).- La comisión independiente que investiga la responsabilidad de Scotland Yard en la muerte por error del brasileño Jean Charles de Menezes ha exonerado a cuatro agentes de alto rango involucrados en la operación que condujo al suceso.

La llamada Comisión Independiente para Quejas sobre la Policía (IPCC, en sus siglas inglesas), ya había absuelto a 11 de los 15 policías implicados en el desafortunado operativo policial.

Sobre los cuatro policías restantes, la IPCC, organismo que vigila la labor de las fuerzas del orden en el Reino Unido, ha decidido que no debe tomarse ninguna medida disciplinaria en su contra.

Entre esos cuatro agentes destaca Cressida Dick, que supervisó la operación policial y que, pese a la fatídica equivocación, ha sido ascendida de comandante a subcomisaria. Tras anunciarse la decisión de la IPCC, Vivian Figuierdo, prima de Jean Charles de Menezes, calificó el fallo de «escándalo».

El pasado mes de noviembre el jurado popular del ‘caso Menezes’ halló culpable a ese cuerpo de policía por incumplir la ley británica de riesgo laboral en relación con el trágico suceso.

Menezes, que tenía 27 años y trabajaba como electricista, murió al recibir ocho tiros (siete en la cabeza y uno en el hombro) de agentes de la brigada antiterrorista de Scotland Yard el 22 de julio de 2005 en la estación de metro de Stockwell (sur de Londres).

Los agentes tomaron a Menezes por uno de los terroristas que perpetraron los atentados fallidos de la víspera contra tres estaciones de metro y un autobús urbano de la capital (21-J). Esos ataques fueron una copia macabra de los cometidos el 7 de julio del 2005 (7-J) contra la red de transporte londinense, que causaron 56 muertos —incluidos los cuatro terroristas suicidas— y unos 700 heridos.

Horas después del tiroteo, Ian Blair aseguró que el suceso estaba «directamente relacionado» con las operaciones antiterroristas del 21-J.

La Fiscalía británica decidió el año pasado exonerar a los agentes implicados en el suceso y procesar a toda la institución en su conjunto por delitos contra la ley de Seguridad e Higiene en el trabajo, de 1974, que obliga a las fuerzas del orden a velar por la integridad incluso de quienes no son sus empleados.

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