(PD).- ANV ha suspendido, con nota baja, el primer examen serio al que le ha sometido el Gobierno para comprobar si al final se desmarca de ETA o, por el contrario, sigue sumisa como ahora.
Informes en poder del Ejecutivo establecen que los dos primeros asesinatos tras la ruptura de la tregua -los de los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero- lejos de provocar las primeras deserciones, como esperaba Moncloa, no han suscitado un sólo movimiento de rechazo, por tímido que sea, en la dirección, en los cargos electos o en las bases de la última marca electoral de Batasuna.
Como explican J.Pagola y D.Martínez en ABC, ha ocurrido justo lo contrario:
«Tras la salvajada de Capbreton, ANV ha rescatado el discurso más duro de la Batasuna preproceso, a través del cual no sólo exonera a la banda de «Ternera», sino que acusa al Ejecutivo de la vuelta al terror por no haber cumplido los «compromisos» adquiridos durante las negociaciones».
Desde que la banda anunció la ruptura de la tregua, el Ejecutivo ha dado largas a una posible ilegalización de ANV, a la espera de comprobar si los primeros asesinatos de ETA provocaban en esta formación un rechazo al terror -poco probable a priori- o, al menos, algunas deserciones.
Estas deberían venir entre aquellos simpatizantes que, sin ser militantes de Batasuna, se habían prestado a rellenar las candidaturas de ANV, porque estaba vigente el «alto el fuego». El Gobierno creía que la aparición de fisuras, con posibilidad, por un efecto dominó, de extenderse a otros sectores de la «izquierda abertzale», podría hacer más daño al complejo ETA, que una ilegalización de ANV.
De ahí que Moncloa hubiera mantenido una actitud dilatoria, pese al ataque contra la casa cuartel de Durango, cuando dormían las mujeres e hijos de los agentes; la bomba lapa contra el escolta de un concejal del PSE en Bilbao, o las bombas trampas destinadas a provocar en Guecho una matanza de ertzainas.
Para analizar los comportamientos y movimientos de ANV ante el terror de ETA, los expertos establecen cuatro grupos: El primero, el más reducido con mucho, lo forman los dirigentes del partido, que suman no más de una treintena.
Tras los asesinatos de los dos guardias civiles, se mantienen en un segundo plano, pero sin amagar una mínima muestra de rechazo o reprobación. Se escudan en que la condena es «estéril» cuando se trata de asesinatos cometidos por ETA. Esa condena, sin embargo, debe ser productiva cuando se refiere a «la conculcación de los derechos» de los presos etarras.
El desembarco
El segundo grupo está integrado por miembros de Batasuna que, para afrontar los pasados comicios municipales y forales, desembarcaron en ANV, no sólo con el objetivo de integrar sus candidaturas, sino también de garantizar el sometimiento al discurso más ortodoxo. Es el caso, entre otros, de Juantxo Ibazeta, Marian Beitialarrangoitia, Iñaki Moreno, Arantza Urkaregi y Mariné Pueyo.
A partir de la salvajada de Capbreton, algunos de ellos, como Urkaregi y Pueyo, han asumido todo el protagonismo.
No sólo no han condenado, o, al menos, «reprobado» -término utilizado por el movimiento Elkarri cuando comenzaba a desmarcarse tímidamente de ETA-Batasuna- el asesinato de los dos guardias civiles, sino que lo han instrumentalizado para exigir una negociación en clave de «paz a cambio de autodeterminación y territorialidad».
Un esquema táctico que se resume en: «cuantos más atentados, más necesidad de superar el «conflicto político» a través de una negociación». A esta fórmula, ETA le llama «acumulación de fuerzas».
El tercer grupo lo componen decenas de «batasunkides» que integraron las candidaturas de ANV como relleno, muchas de las cuales fueron ilegalizadas. En aquellos municipios en los que no lograron representación, su misión consiste en hostigar a alcaldes y concejales para que les den voz en los Plenos.
En los que sí accedieron al ayuntamiento, aplican a rajatabla la doctrina más ortodoxa. Son los «duros» de a pie, que controlan las bases en cada pueblo. En este grupo, como era previsible, tampoco se ha detectado el más mínimo amago de rechazo.
Más bien al contrario, los que han podido, han presentado en los Consistorios escritos alternativos al del resto de la Corporación, en la línea de justificar los atentados -«hay que reabrir el proceso para superar el conflicto, cuya prolongación es culpa del Gobierno por incumplir sus compromisos»-.
En el cuarto grupo se integran los simpatizantes de la «izquierda abertzale» que, sin embargo, no aceptan el terrorismo como medio. Fueron reclutados para engrosar las candidaturas de ANV, a falta de militantes propios y para que no estuvieran excesivamente contaminadas con presencia de militantes de Batasuna.
En muchos casos aceptaron porque se vivían tiempos de tregua. Una vez que ETA hizo saltar por los aires el «proceso de paz», algunos ya advirtieron de que si la banda cometía asesinatos, abandonarían esta marca electoral.
Sobre este dato, al margen de otros intereses, se sustentó la decisión del Gobierno de congelar la ilegalización, a la espera de comprobar si se registraban deserciones.
Pero, ni un sólo amago de rechazo entre los integrantes de este grupo. De todas formas, sectores del Gobierno se inclinan por dar un nuevo plazo, convencidos de que si ETA asesina a personas no uniformadas, quizá quienes componen este cuarto bloque se pueden sentir más presionados para desmarcarse del terror.
