(PD/Agencias).- El Grupo Núñez i Navarro ha asegurado que «nunca» ha favorecido a ningún funcionario de Hacienda en la «adquisición o alquiler» de viviendas, «ni en el precio ni en la financiación», como se le acusa en el conocido como caso Hacienda, por presuntas operaciones irregulares y soborno a inspectores.
En un comunicado hecho público hoy, un día después de la difusión de las conclusiones provisionales de la Fiscalía Anticorrupción, el grupo inmobiliario asegura que «siempre» ha seguido los criterios de sus asesores fiscales, que durante más de 25 años han sido «única y exclusivamente» el gabinete Ros Petit, Pérez Salamero Asesores y J&A Garrigues (anteriormente Arthur Andersen), aunque la acusación menciona a otros.
Igualmente, la compañía concreta que desde 1992 a 1999, periodo investigado, recibió 184 inspecciones fiscales, realizadas por 43 inspectores y subinspectores distintos. De éstas, el grupo sólo se mostró disconforme con cinco, que fueron recurridas en los tribunales, donde ganó cuatro de los casos. El último todavía está pendiente de resolución.
«Siempre» ha cumplido la ley
Según Núñez i Navarro, los «concretos problemas tributarios» en los que se basa la acusación ya han sido todos fiscalizados por los tribunales, «dando la razón a las posiciones jurídicas que el Grupo Núñez i Navarro siempre ha defendido». Por todo ello, el grupo defiende su inocencia y asegura que «siempre» ha cumplido la legislación vigente.
En su escrito de acusación, la fiscalía solicita ocho años y dos meses de cárcel para Josep Lluís Núñez Clemente y para su hijo Josep Lluís Nuñez Navarro por presuntamente ofrecer «ventajas económicas» a los inspectores de Hacienda Manuel Abella y Roger Bergua para ahorrarse impuestos.
