Francia extradita por primera vez a un etarra con delitos prescritos

(PD/Agencias).- Decisión histórica en la lucha contra ETA. Francia ha concedido la extradición de José Antonio Zurutuza Sarasola -miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas acusado de tres asesinatos-, que hasta ahora había sido denegada porque sus delitos habían prescrito en ese país.

El Consejo de Estado francés ha estimado un recurso presentado por la fiscalía gala a instancias de la de la Audiencia Nacional española, que invocaba el convenio de Dublín, sobre extradición entre países comunitarios, según el cual «no se podrá denegar la extradición por el motivo de que la acción o la pena hayan prescrito con arreglo a la legislación del Estado miembro requerido».

Nunca hasta hoy se había aplicado entre España y Francia.

EL ARRESTRO

El arresto de Zurutuza, alias ‘Capullo’, se produjo el 4 de febrero de 2004, en la puerta de su casa en virtud de una orden de detención española por un asesinato perpetrado por los CCA en marzo de 1982.

Se trata de la muerte del delegado de Telefónica Enrique Cuesta Jiménez en la ciudad vasca de San Sebastián el 26 de marzo de 1982, en un atentado en el que también resultó herido su escolta, el policía Antonio Gómez, que falleció cinco días después.

Zurutuza Sarasola, que dispone de doble nacionalidad, no iba armado en el momento de su detención y ha sido encarcelado en la prisión de Pau.

Zurutuza está acusado de haber participado en 1981 en el asesinato en Usurbil (Guipúzcoa) del director de la empresa Moulinex José María Félix y en 1982 del entonces delegado de Telefónica en Guipúzcoa Enrique Cuesta y de su escolta, el policía Antonio Gómez García. Fue detenido en febrero de 2004 y desde entonces se intenta su extradición.

LAS RETICENCIAS FRANCESAS

El Consejo de Estado ya la rechazó por primera vez en julio de 2005, por la prescripción de delito según la legislación francesa. España volvió a la carga pero, tras sucesivos recursos, el Tribunal de Apelación de Pau denegó la entrega. La Fiscalía antiterrorista española insistió y la francesa recurrió al Consejo de Estado, invocando esta vez el Convenio de Dublín.

La decisión de este organismo, además de ser histórica, abre una vía para solicitar la extradición a Francia de otros etarras cuyos delitos ya habrían prescrito en el país vecino. La resolución provocó ayer una evidente satisfacción en la fiscalía y en la judicatura española.

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