(Agencias / PD).- Los diez magistrados del tribunal Constitucional convocados este miércoles al Pleno en el que se trataban las recusaciones de cinco de ellos en la causa por el recurso interpuesto por el PP contra la reforma de la Ley Orgánica que regula esta institución (LOTC), finalizaron el debate sin haber alcanzado ninguna decisión oficial con respecto a estos incidentes procesales, de cuya resolución dependerá el futuro equilibrio de fuerzas en esta alta institución del Estado.
Se trata de una situación sin precedentes en el Constitucional que podría acabar con el bloqueo de la institución por falta de quórum.
Fuentes del alto Tribunal señalaron a Europa Press que la discusión será retomada este jueves después de que la reunión de más de cuatro horas celebrada esta mañana por el Pleno no adoptara ninguna resolución. El contenido de los debates de los diez magistrados no ha trascendido hasta el momento.
Para este jueves el magistrado Vicente Conde, presidente accidental del Tribunal Constitucional en esta causa, ha convocado también a los diez magistrados que son todos los que integran el TC con excepción de la presidenta y del vicepresidente del mismo, María Emilia Casas y Guillermo Jiménez, respectivamente, quienes se abstuvieron de participar en este debate por entender que el contenido de la ley, que regula la prórroga de sus mandatos mientras sigan siendo magistrados, les afectaba directamente.
Los magistrados de tendencia progresista recusados por el PP son Pascual Sala Sánchez, Pablo Pérez Tremps y Manuel Aragón Reyes quienes, según fuentes del alto tribunal, estarán previsiblemente presentes en la discusión sobre la admisión o rechazo de plano de sus propias recusaciones. De otro modo, y a falta del quórum mínimo de ocho magistrados, la situación podría desembocar en el bloqueo del debate.
El PP presentó su incidente de recusación contra estos tres magistrados «progresistas» después de que el Gobierno, a través de la Abogacía General del Estado, recusara a su vez a los magistrados conservadores Roberto García Calvo y Jorge Rodríguez Zapata. Lo justificó en el «interés directo» que los tres mencionados en el pleito al haber tenido «conocimiento del mismo y formado su criterio en detrimento de la debida imparcialidad».
