(PD/Agencias).- El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ordenado la apertura de juicio oral contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, los dirigentes socialistas vascos, Patxi López y Rodolfo Arres, y cinco dirigentes de Batasuna por las reuniones que mantuvieron en abril, julio de 2006 y en enero de 2007.
La defensa de los dirigentes socialistas solicitará el archivo de la causa alegando que no se puede juzgar a quienes sólo están encausados por una acusación popular.
El Ministerio Fiscal había solicitado el archivo definitivo de la causa al considerar que «no bastaba sólo la acusación popular para la apertura de juicio oral».
Delito de colaboación necesaria del delito de desobediencia
El instructor de la causa penal considera que «existen indicios racionales» que justifican la celebración de la vista oral contra Juan José Ibarretxe, Patxi López y Rodolfo Ares como presuntos autores de un delito de colaboación necesaria del delito de desobediencia cometido por los dirigentes de Batasuna Arnaldo Otegi, Pernando Barrena, Juan José Petrikorena, Rufino Etxebarria y Olatz Dañobeitia.
El magistrado ordena se dé de nuevo traslado del procedimiento al Ministerio Fiscal, que anteriormente había recomendado que fuera sobreseído, para que en el plazo de tres días formule escrito de acusación o lo que considere procedente, y también establece un periodo de diez días para que las defensas presenten sus escrito.
El juez instructor estima que los hechos pueden ser «constitutivos del delito de desobediencia tipificado en el artículo 556 del Código Penal».
El procedimiento arrancó tras la querella presentada por el Foro de Ermua tras la reunión de Ibarretxe con miembros de Batasuna y, posteriormente, de miembros de la formación ilegalizada con Patxi López y Ramón Ares, del PSE.
«Descrédito de la Justicia»
El portavoz del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, cree que la apertura de juicio oral «ahonda en el descrédito de la Justicia» y se trata de un «juicio político». El dirigente jeltzale ha advertido de que el PNV responderá «desde herramientas legítimas y democráticas y desde el respeto y la mayor dignidad posible» a este «avasallamiento y atropello».
El portavoz de Ezker Batua, Mikel Arana, cree que la decisión es un «atropello» y un «abuso de poder inadmisible».
