(PD / EFE).- La mayor organización de abogados de EEUU ha pedido que se interrumpan todas las ejecuciones en el país tras detectar «serios problemas» que demuestran que los condenados a pena de muerte no tienen garantizado el acceso a un proceso justo.
La American Bar Association (ABA), una institución con más de 400.000 miembros, hizo ese llamamiento durante una rueda de prensa en la que se presentaron los hallazgos de un estudio realizado durante los últimos tres años en ocho de los 38 estados que aplican la pena capital.
El análisis insiste en que el sistema que conduce a la ejecución de presos carece de fondos y personal y es claramente racista.
Sin justicia
Los estados analizados (Alabama, Georgia, Indiana, Ohio, Tennessee, Florida, Arizona y Pensilvania) fueron elegidos al azar, según la ABA, que decidió excluir a Texas, donde se realiza el mayor número de ejecuciones, debido a que su gran extensión territorial requería un enorme despliegue de recursos.
El estudio, por lo demás, se saldó con una clara conclusión, según explicó Stephen Hanlon, presidente del Proyecto para la Implementación de una Moratoria sobre la Pena de Muerte de la ABA, quien dijo que «no se está entregando la justicia que merece, respeta y está garantizada al pueblo estadounidense».
El directivo pidió a todas las jurisdicciones con pena de muerte que «impongan una suspensión temporal inmediata de las ejecuciones hasta que haya un motivo mayor para tener la seguridad de que existe justicia y exactitud en nuestros sistemas de pena de muerte».
Cáncer del sistema
El estudio muestra, en ese sentido, que en todos los estados investigados existen «disparidades raciales significativas» y que están fundamentalmente asociadas con el color de piel de la víctima.
Así, en Ohio, los que asesinan a un blanco tienen casi cuatro veces más posibilidades de ser condenados a la pena de muerte que los que matan a un negro.
A ese problema se suman otros igualmente graves, incluida la defectuosa recogida de pruebas, la falta de fondos en los laboratorios forenses, las confesiones falsas que se traducen en condenas, la escasa fiabilidad de los testimonios de testigos y la escasez de abogados cualificados.
Indiana, por ejemplo, no pide a los letrados que representan a los condenados a pena de muerte que demuestren formación alguna.
Los estados carecen también de las políticas para garantizar que los abogados que representan a personas con retraso o con enfermedades mentales evalúan adecuadamente a sus clientes.
Igualmente cuestionable es la parte que atañe a los fiscales, según el informe, que destaca que muchos estados no exigen formación específica para casos que involucran la pena capital y no adoptaron medidas disciplinares contra fiscales que cometieron fallos graves.