(Periodista Digital).-El Partido Popular le ha devuelto el golpe al PSOE con la misma moneda al confirmar que recusará a tres magistrados del Tribunal Constitucional (TC) para evitar que el Gobierno se haga con el control del órgano. El PP teme que el TC se convierte en un gestora de los socialistas «ad hoc» para que le saquen adelante todas sus leyes estrellas, en especial, el Estatut catalán.
¿Se ha precipitado el PP con esta decisión? No caben dudas de que el Gobierno fue quien encendió la mecha de la crisis del TC al utilizar de manera irresponsable el instrumento de la recusación sólo para tener un final de legislatura tranquilo. Habrá que ver si devolverle el golpe con la misma moneda termina siendo una error estratégico del PP. Es evidente que la jugada en principio trata de «embarrar» el terreno de juego para ganar tiempo.
El PP admite que su decisión es «insólita» pero alega que no la hubieran adoptado si el Ejecutivo no hubiera dado el primer paso, recusando a dos jueces del lado conservador. «La recusación sólo busca que los parámetros sirvan para todos», explicó ayer Eduardo Zaplana, portavoz parlamentario de los populares.
«No puede ser que unos argumentos sirvan para unos y no para otros. Si se han hechos las mismas valoraciones y se han tomado las mismas decisiones, se tiene que juzgar a todos con los mismos parámetros», argumentó Zaplana. El portavoz del PP en la Cámara puntualizó, además, que mientras las dos resusaciones del Gobierno tienen «una intencionalidad política clarísima», las de su formación tienen como objetivo «poner en conocimiento de los que tienen que tomar la decisión que esas situaciones no afectan solamente a dos personas».
La escalada de recusaciones amenaza con bloquear definitivamente el Tribunal Constitucional. Si los recursos del Gobierno y el Partido Popular salen adelante, el órgano no tendrá el quórum suficiente para que sus votaciones sean válidas. El TC necesita que estén presentes en las votaciones al menos ocho de sus 12 magistrados, pero la presidenta y el vicepresidente deberán abstenerse en la votación de la Ley Orgánica del TC porque les afecta a ellos, y puede que cinco magistrados tampoco discutan la norma, si finalmente son recusados por el Gobierno y la oposición.
