La juez decreta libertad bajo fianza de 300.000 euros para el ex presidente de Anesvad

(Agencias / PD).- La juez que investiga la presunta responsabilidad por un delito de apropiación indebida de fondos de la ONG Anesvad por parte de su ex presidente, José Luis Gamarra Aranoa, ha decretado la libertad bajo fianza de 300.000 euros para éste, que se encuentra en prisión provisional desde el pasado mes de marzo.

Además, en el auto, fechado el pasado martes 16 de octubre, establece la obligación de que el imputado comparezca ante el juzgado los lunes de cada mes, así como la prohibición de abandonar el país, aproximarse a la sede de la ONG y comunicarse con sus trabajadores.

Según recoge la decisión judicial, la prisión preventiva se decretó el pasado once de marzo ante la existencia de «indicios abrumadores» contra el imputado y para evitar que éste ocultara o alterara y destruyera «fuentes de prueba relevantes» y ante el riesgo de que pudiera «sustraerse» a la acción de la justicia. Sin embargo, la jueza Carmen Belén Mendoza considera que esta «medida excepcional» ha cambiado, de ahí que haya decidido modificar la situación personal del imputado.

En su razonamiento, explica que con la toma de posesión de los cargos de los tres administradores judiciales nombrados para llevar la gestión de la Fundación Anesvad, así como con el requerimiento del cese de funciones a los miembros que formaban parte del patronato, «todos ellos familiares y amigos del imputado que actuaban a las ordenes del mismo», el pasado cuatro de octubre, «desaparece el riesgo» de que Gamarra pudiera tener acceso a papeles, ficheros informáticos u otro tipo de documentos de la Fundación «con la finalidad de ocultar, manipular o destruir pruebas relevantes para el proceso».

En cualquier caso, la jueza también ha estimado oportuno establecer otras medidas «menos gravosas» para evitar un posible riesgo, como son la prohibición de que el ex presidente de Anesvad se acerque a la sede y locales de la Fundación, así como prohibirle comunicarse mediante cualquier medio con los trabajadores ya que, según recuerda el auto, todavía quedan pendientes de practicar «numerosas» declaraciones testificales y existe «la posibilidad de que el imputado influyera sobre los testigos».

Sobre el riesgo de fuga, la disposición judicial subraya que «no ha desaparecido por completo», explicado que Gamarra mantiene su consideración de cónsul honorífico de Filipinas, «por lo que dicha condición le permitiría sustraerse de la acción de la justicia con mayor facilidad». Por este motivo, opta por retenerle el pasaporte, y recoge la obligación de comparecer ante el juzgado los lunes de cada mes.

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