(PD / EFE).- El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz será juzgado este miércoles en la Audiencia Provincial de Málaga acusado de un delito urbanístico por la concesión de un permiso de obras para construir un edificio de 180 viviendas en contra de la normativa vigente, delito por el que la Fiscalía pide año y medio de prisión.
Junto a Muñoz, otros cinco ex concejales del Gil están acusados de este delito, y la Fiscalía solicita la misma pena para ellos por otorgar el permiso de obras de este inmueble, destinado a viviendas, locales y aparcamientos.
Además de la pena de cárcel, la petición fiscal incluye ocho años de inhabilitación en cargo público para Muñoz y los cinco concejales, Rafael González, Mario Jiménez, Manuel Calle, María Luisa Alcalá y Dolores Zurdo.
Según la calificación fiscal, el delito se cometió el 27 de marzo de 1998, cuando la comisión de Gobierno del Ayuntamiento, entonces con Muñoz como alcalde accidental, y estos cinco concejales como integrantes, dio a las empresas Jotsa y Promotorauno la licencia para construir el edificio en una parcela clasificada como «zona deportiva de uso público«.
La licencia otorgada, en contra del Plan de Ordenación Urbanística (PGOU) de 1986, se hizo en función de las instrucciones del entonces alcalde de la localidad, Jesús Gil, según el fiscal.
La construcción de este edifico, situado en la avenida Príncipe de Asturias -zona conocida como los Arquillos- del núcleo marbellí de San Pedro de Alcántara, se autorizó con un presupuesto de más de quince millones de euros.
El Ministerio Público pide además la nulidad de la licencia de obras concedida a estas dos empresas y de todas las que traigan causa de esta primera autorización.
La Junta de Tratamiento de la Prisión Provincial Jaén II, en la que se encuentra Muñoz, acordó solicitar la semana pasada la clasificación de preso de segundo grado para el ex alcalde, sin que esto implique que varíe de momento su situación penitenciaria.
Hasta ahora, Julián Muñoz no podía optar al segundo grado al encontrarse en prisión preventiva en una de las causas que todavía tiene pendientes.
Sin embargo, sus abogados pagaron el pasado 21 de septiembre la fianza impuesta por el juez por el caso Malaya, por lo que su situación procesal pasó de prisión preventiva a libertad provisional en este procedimiento y su clasificación cambió a «penado», por lo que ya sí puede solicitar el segundo grado.
