(EFE/PD).-El juez Baltasar Garzón justificó su decisión de dictar prisión para diecisiete miembros de la ilegalizada Batasuna en que desde la ruptura del ‘alto el fuego’, el pasado junio, éstos no tienen la voluntad de ‘acabar con la violencia terrorista’ sino la de ‘coadyuvar renovadamente a la consecución de los fines’ de ETA ‘por medio del recurso a la violencia’.
Con este razonamiento el juez envió a la cárcel a 17 de los 23 miembros de Batasuna detenidos el jueves en Segura (Guipúzcoa), entre ellos los dirigentes Joseba Permach, Juan José Petrikorena y Rufino Etxebarría, a quienes, al igual que a otros cinco miembros de la izquierda abertzale, acusa de reiterar en el delito de pertenencia a ETA por el que ya están procesados, mientras que al resto para los que dicta prisión les imputa por primera vez este delito.
Para otros cuatro detenidos -Jean Claude Aguerre, Haizpea Abrisketa, Egoitz Apaolaza y Francisco Javier Urrutia- ordenó prisión eludible bajo fianza de 10.000 euros para los tres primeros y de 24.000 para el cuarto, aunque ninguno de ellos ingresó hoy en la cárcel porque el juez les ha dado un plazo de una semana para pagar las fianzas, mientras que otros dos, Iban Berasategui y Xabier Albisu, fueron puestos en libertad nada más comparecer ante él.
Garzón explica su actuación en que ‘en el momento actual’, en el que ya no existe un alto el fuego por parte de ETA, ‘y puesto’ que los miembros de Batasuna, a pesar de tener la ‘opción de desvincularse de ETA’ , ‘optan por la permanencia en el complejo terrorista, cumpliendo los fines y actuando en su seno’ esa actitud debe valorarse ‘como un ejemplo de aquiescencia y apoyo’ a la banda.
El juez justifica también la prisión en ‘la necesidad de asegurar todo el material probatorio que pueda resultar dañado’, ya que desde marzo de 2006 hasta el 4 octubre de 2007, ‘la búsqueda de datos e indicios con la sobriedad que caracteriza a los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ajenos a cualquier instrumentalización oportunista del sesgo que fuera, ha dado sus frutos y por ello, es en este momento cuando se debe actuar’.
Entre esos indicios recabados destaca un resguardo bancario de 213 euros enviado por Acción Nacionalista Vasca (ANV) a una de las detenidas Maite Fernández de la Bastida, así como un manifiesto conjunto de ANV, Batasuna y otras organizaciones abertzales, fechado en noviembre de 2005, que le ha sido intervenido a Permach y un documento de reflexión de ETA sobre lo que denominan la Iniciativa de Catalunya, intervenido a María Aranzazu Santesteban.
Hasta ahora no cabía actuar contra la cúpula de Batasuna porque, según Garzón, ‘cuando las actuaciones individuales’ se han producido ‘aún en nombre o representación de la opción política ilegalizada con el fin de buscar el final de la violencia, aunque haya sido equivocada o interesadamente no puede considerarse ese hecho como un acto delictivo’.
La detención de los 23 miembros de Batasuna se produjo al entender el juez que pretendían reactivar el partido y renovar su estrategia de apoyo a la banda terrorista y ordenó los arrestos cuando cometieron ‘un delito flagrante’ como fue la celebración de una asamblea, actividad que tiene prohibida la formación abertzale desde que fuera ilegalizada y tuviera suspendidas sus actividades.
Una vez que ETA declaró la ruptura formal del alto el fuego, el pasado 5 de junio, ‘escenificada en la ejecución sistemática y reiterada de atentados, secuestros y extorsiones’, la ‘valoración’ de la conducta de Batasuna ‘no puede ser favorable a la falta de intencionalidad delictiva, de las reuniones en las que planifican su actuación, sino a la ejecución de las mismas de acuerdo con la estrategia’ de la banda terrorista
Garzón explica además que esta actuación policial se ha desarrollado ‘una vez que el edificio procesal está consolidado’ después de más de un año de instrucción, primero en el sumario 35/02 en el que investiga la sumisión de Batasuna a ETA y ‘ahora en las diligencias previas 320/07’, que están declaradas secretas.
Considera así que con la actitud de los dirigentes abertzales ‘ha quedado patente’ la sintonía de Batasuna con ETA y por ello ‘no se puede permanecer inerme ante esta acción presuntamente delictiva que le otorgaría de no ser atajada, una especie de patente de corso que lo permitiría y autorizaría a seguir delinquiendo sin que pueda tomarse iniciativa alguna para neutralizar dicha actividad’.
En el marco de estas diligencias secretas se han producido estas últimas detenciones, a las que deben de sumarse las de los portavoces de Batasuna y Askatasuna, Joseba Alvarez y Oihana Agirre, respectivamente, que ingresaron el viernes en prisión y la del dirigente de Askatasuna Juan María Olano, el pasado 11 de septiembre.
