(PD / EFE).- El PP reclamó ayer la «intervención» de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y el delegado del Gobierno en el País Vasco para aplicar «con todo el rigor la Ley de Partidos» en nueve ayuntamientos de Guipúzcoa en los que, según indicó, «participan candidaturas ilegales de ANV» con la «permisividad» de sus alcaldes, pertenecientes al PNV, EA y el PSE.
La presidenta del PP guipuzcoano, María José Usandizaga, denunció en San Sebastián la «grave situación» que se da en los consistorios de Lazkao, Oñati, Zarautz, Zizurkil, Beasain, Elgoibar, Zumarraga, Eibar y San Sebastián. Acompañada de portavoces del Partido Popular en esos municipios, Usandizaga aseguró que, tras «una campaña violenta de coacción y presión contra los cargos electos», algunos alcaldes del PNV, de EA y del PSE «han sucumbido a las exigencias de ANV», cuando no «apoyan decididamente desbordar el marco democrático para ofrecer lo que ellos denominan ‘cauces de participación’».
La dirigente conservadora señaló que «se está vulnerando la Ley de Partidos al permitir que miembros de candidaturas ilegales de ANV entren en las corporaciones por la puerta de atrás, y que la organización terrorista tenga voz y apariencia democrática y de legalidad en algunos municipios».
Según indicó, en esos ayuntamientos «o bien se permite participar a miembros de ANV en comisiones y plenos municipales, o bien se les remite la documentación como a los demás grupos políticos». En el caso de San Sebastián, su denuncia se ciñó al «permiso de la Alcaldía» para que la lista ilegalizada ofreciera el pasado jueves una rueda de prensa en la Casa Consistorial.
«Permisividad»
A juicio de Usandizaga, «la permisividad» de esos alcaldes «a favor de ETA-Batasuna sólo contribuye a dar legitimidad democrática a los terroristas y a aumentar la presión sobre los cargos electos de los partidos legales y democráticos». Ante esas situaciones, exigió al delegado del Gobierno, Paulino Luesma, «que elabore el informe pertinente para que se cumpla la Ley y se intervenga en consecuencia». Del mismo modo, reclamó la actuación «de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado y que se aplique con todo el rigor la Ley de Partidos».
La portavoz del PP aseguró que «el fiscal y el abogado del Estado tienen la competencia y la obligación legal de actuar». Además, «cuentan con múltiples indicios recogidos por las fuerzas de seguridad del Estado en los informes que en su día les reclamó el Ministerio Público».
En este sentido, Usandizaga consideró que, antes de las últimas elecciones municipales y forales, el Fiscal General y el abogado del Estado «ataron de pies y manos a los miembros del Tribunal Supremo, como denunciaron los jueces en estos mismos términos, al no impedir que ANV se presentara instando la prohibición de todo el partido, y no sólo la impugnación de candidaturas concretas». En su opinión, fue una «trampa preparada desde el Gobierno de Zapatero» que «ha propiciado la actual situación de ambigüedad de la que se beneficia ANV-Batasuna, que en el caso de Guipúzcoa tiene 22 alcaldías».
