La Xunta defiende las costosas campañas de difusión del gallego como una medida de equiparación de las dos lenguas oficiales existentes en Galicia. Los colectivos castellanohablantes califican estas medidas como un intento camuflado por erradicar el castellano del espacio público.
Tanto BNG como PSOE pretendieron colar en la frustrada negociación del nuevo Estatuto de Autonomía el derecho y el deber de todos los ciudadanos de conocer la lengua gallega, una añeja reivindicación del BNG que la Secretaría Xeral de Política Lingüística (departamento que dirige la socialista Marisol López y que maneja una presupuesto de 20 millones de euros), asumió como propia. En la maratónica negociación que tuvo lugar en enero, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, se opuso a establecer el derecho y deber de conocer el idioma gallego, «algo que se declaró inconstitucional hace 20 años», en referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 82/1986 que concluyó que sólo del castellano se establece constitucionalmente un deber individualizado de conocimiento.
Pero el bipartito se guardaba un as en la manga frente al cual el PPdeG prefirió no oponer resistencia. La conselleira de Educación, Laura Sánchez Piñón, consensuó con las tres fuerzas políticas el borrador de un decreto que aumentará la obligatoriedad del uso del gallego en las aulas. La idea original era un órdago a toda la comunidad castellanoparlante: que todos los niños en Galicia aprendan a leer y escribir en gallego antes que en castellano. El PP lo consideró inadmisible pero sí aceptó que en primaria y secundaria, a partir del próximo curso, al menos el 50% de la docencia sea en gallego. Y en infantil, cuando la lengua materna de la mayoría de los escolares sea el castellano, se usará el gallego al menos el mismo tiempo que el español, y además se fomentará la adquisición progresiva de la lectura y la escritura en gallego.
El consensuado decreto provocó la rebelión ciudadana de una plataforma cívica de ciudadanos y profesores denominada «Tan gallego como el gallego» que ya lleva 5.000 firmas recogidas, 3000 de ellas sólo en Vigo: «Consideramos que el decreto es una vuelta de tuerca más para expulsar al castellano del sistema educativo», reflexiona el profesor José Manuel Pousada, del instituto vigués Santo Tomé, no sin antes advertir de que la plataforma «no tiene ni va a tener ninguna ideología política»: «Solo perseguimos objetivos educativos, en ningún caso en contra del gallego, sino a favor de que haya libertad para elegir».
Tomando nota de lo mal que cayó el acuerdo en ciertos ámbitos educativos, Núñez Feijóo anunció que su partido va a presentar una proposición de ley para que todos los alumnos gallegos reciban una educación «trilingüe» -gallego, castellano e inglés- antes de llegar a la universidad. El líder popular gallego aseguró que el aprendizaje de la lengua inglesa es la «mejor forma de exportar el idioma y la cultura gallega», dadas las características del mundo globalizado. Durante toda la campaña electoral Núñez Feijóo defendió la enseñanza obligatoria del inglés para los niños de 3 a 6 años, así como la implantación de una asignatura curricular en inglés para los alumnos de educación secundaria y de formación profesional.
Galescolas, guarderías en gallego
«Escolas galegas e en galego do século XXI». Así definió el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, la nueva red de escuelas infantiles que supondrá la puesta en marcha, durante este año y el que viene, de 99 nuevas guarderías públicas en Galicia. Con un presupuetso de 29 millones de euros, las galescolas serán reductos donde los niños «desarrollen su identidad» haciendo hincapié en el uso de la lengua, ya que se cumplirá el plan de normalización lingüística aprobado por unanimidad en el Parlamento. Este documento establece que haya una oferta educativa en gallego para los niños gallegohablantes durante la etapa preescolar -de cero a tres años-, y que los castellanohablantes reciban al menos un tercio de los contenidos de su horario semanal en lengua gallega.
Sea cual fuere ese ADN gallego que el BNG dice conocer y preservar como nadie, el departamento que dirige el nacionalista Quintana quiere que no haya ni rastros de españolidad en las galescolas. Para ello convocó un concurso público para que los diseñadores interesados diseñen un mandilón para los niños y un chandal para los educadores que encaje con el logo de las galescolas y que ofrezca una imagen vinculada a estos centros como red institucional gallega «con identidad propia». Roberto Blanco Valdés, una de las pocas voces constitucionalistas que quedan en la prensa gallega, comentaba con fina ironía:
A fin de cuentas, el auténtico objetivo de la norma es que los profesores, los cuidadores y los niños vayan vestidos de gallegos. ¿Y como se viste uno de gallego?, se dirán ustedes llenos de estupor. El asunto es de importancia, pues dado que de gallegos vamos vestidos por definición todos los que vivimos en Galicia, sólo existen tres posibles respuestas a la exigencia de la Vicepresidencia: que niños y personal vayan de calle, vayan de traje regional o vayan, no de gallegos, sino de galleguistas. […] Sólo nos queda, por tanto, la opción del galleguismo. ¿Es eso –que el uniforme de las Gelescolas sea acorde con la que, según el BNG, es la identidad propia de Galicia– lo que va a exigir la Vicepresidencia? Todo parece indicarlo, lo que nos lleva a un escenario, entre cómico y lunático, que soy incapaz de imaginar. O casi sí: basta con recordar a los niños vestidos con mono gris de la China popular. Todos iguales. Todos con la misma identidad. Es lo que tiene el patriotismo: que se empieza recitando El dos de mayo («Oigo patria tu aflicción…») y se acaba controlando la ¡identidad gallega! de un modesto mandilón.
Las «galegadas» de Bieito Lobeira
Ser un auténtico gallego implica serlo desde el vientre materno hasta la propia tumba. Para ello, con la ayuda de los socialistas que en estos temas tampoco se quedan cortos, el departamento de Política Lingüística de la Xunta lanzó una acción selectiva para impulsar el uso del gallego desde la cuna, distribuyendo un maletín a todas las embarazadas para animarlas a que se comuniquen con sus pequeños en la lengua propia de la comunidad. Como si no fuera suficiente, el portavoz de Lingua del grupo parlamentario del BNG, Bieito Lobeira, animó a fomentar la fabricación de muñecas que hablen en gallego y a tomar otras medidas para la galleguización de juguetes y regalos dirigidos a los más pequeños.
Lobeira, que ve la presencia del castellano como una amenaza opresora y colonizadora, fue el mismo que pidió lápidas en gallego, bajo el disparatado argumento de que si ocurría una hecatombe nuclear, la civilización que sobreviviese vería en las tumbas que el gallego era una realidad social. Luego vino la invitación a que se galleguizaran los apellidos «defomados por la barbarie castellanizadora», el uso de la denominación genuina de los topónimos en todos los ayuntamientos gallegos. En concreto, Lobeira denunció el caso «escandaloso y espectacular» de La Coruña, donde existe «desobediencia y rebeldía a las leyes y las sentencias judiciales». Según comenta J. L. Jiménez en el ABC:
Los nacionalistas piden que todos los departamentos y órganos dependientes de diputaciones y ayuntamientos tengan la lengua gallega como referencia oral y escrita y que establezcan «la oferta positiva» en la atención al público, es decir, que los funcionarios se dirijan a los ciudadanos en lengua gallega. Asimismo, solicitan que todos los actos documentados y relaciones jurídicas de la Administración local se redacten en gallego y que todos los trabajos topográficos y cartográficos de municipios y diputaciones lleven incorporada la recogida de microtoponimia gallega. Lobeira también reclamó que todas las ayudas concedidas por los entes locales produzcan un aumento efectivo de la presencia del gallego en las entidades receptoras y que se programe un nuevo proceso de formación lingüística de los funcionarios para «mejorar las actitudes, la fluidez expresiva y el conocimiento del vocabulario».
Más que simples anécdotas
Las exigencias de los nacionalistas quedarían en meras anécdotas si no fuera porque la promoción del gallego viene de la mano de fuertes presiones laborales para funcionarios y docentes del Estado a los que se les obliga a escribir y comunicarse exclusivamente en gallego. En diciembre de 2006 varios profesores de la enseñanza pública no universitaria en Pontevedra denunciaron ser amenazados con la apertura de un expediente disciplinario por redactar la programación de su asignatura en castellano en lugar de en gallego.
Asimismo, el PP presentó una proposición no de ley en el Congreso en la que se insta al Gobierno a que la Alta Inspección intervenga y garantice el derecho y libertad de los profesores de lengua y literatura a elaborar la programación didáctica en castellano. Este partido, que denunció una «marginación» del castellano en Galicia, dijo tener constancia de que varios docentes de un instituto de Ferrol también habían sido «amenazados» con la posible apertura de expedientes disciplinarios por no redactar en gallego su programa de la asignatura.
La Consejería de Educación de la Xunta considera que esos profesores son sancionables por incumplir un deber establecido en la normativa lingüística. La Consejería ha cedido así a las presiones que un minúsculo pero muy activo grupo de la órbita del BNG, la activa plataforma Mesa Pola Normalización Lingüística, que vela por el cumplimiento del Decreto 247/1995. Teniendo en cuenta que el artículo 3 de nuestra Constitución, la norma jurídica suprema, reza que “el castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”, parece inadmisible que se esté persiguiendo a quienes sólo quieren ejercer un derecho amparado por la Constitución.
