«El bienestar de gente concreta ha sido siempre la coartada de los tiranos, y proporciona la ventaja adicional de dar a los siervos de la tiranía una buena conciencia.»
Albert Camus
Somos testigos de numerosas cruzadas morales, esfuerzos que resultan tan vistosos como ineficaces. Nuestra época es pletórica en histerias punitivas (el libre comercio, las leyes antimonopolio, el comercio mayorista, la seguridad en las carreteras..) y la demonización de ciertos productos (como el tabaco, el alcohol, los refrescos o la comida basura) y también de ciertas empresas (como Microsoft y Wall-Mart). Y que no se nos escape la fabulación pseudocientífica que se sirve del miedo y la ignorancia para alertar sobre los efectos del cambio climático y la energía nuclear, casi siempre con argumentos infundados o inverosímiles.
No nos es difícil delinear el mundo compasivo del futuro. Radley Balko, experto del CATO, imaginaba los días venideros en EEUU a partir de hechos recientemente sucedidos: “Nos pedirán papeles antes de subir a un autobús como si fuera la URSS y un congresista exigirá que se lleve una tarjeta identificatoria pero que como en el mundo de Orwell lleve inscripto Esto no es un DNI; los equipos SWAT se dedicarán a hacer redadas mañaneras entrando a casas por las ventanas buscando en marihuana en las casas de pacíficos jóvenes; en nombre de la seguridad se implementarán en los barrios cámaras para filmar a quienes se excedan en la velocidad y se reducirán los límites de velocidad para así recaudar más con las multas; los millonarios adictos al deporte se construirán un inmenso estadio con el dinero de los contribuyentes y recibirán un bonus de 50 millones de dólares si derriban el viejo coliseo; además, a las arcas del equipo franquicia irán a parar la mitad de los beneficios de los eventos que se hagan en el estadio (construido con dinero público); en medio de la cruzada contra el manejo y el alcohol, la policía podrá extraer dosis de sangre de conductores sospechosos y nadie podrá rehusarse; en la cruzada contra la obesidad infantil, se legislará para que las maestras pierdan peso día a día, con bases de datos públicas con el peso de todas ellas; se investigará la adicción a las galletitas Oreo con la heroína y los activistas de la sanidad pública pedirán políticas para controlar la cantidad de grasas que se sirven en los restaurantes; en su cruzada diaria contra el bien común, los legisladores exigirán información sobre nuestras comidas diarias insistiendo en que el gobierno tiene la obligación de protegernos de un ataque cardíaco; los congresistas pedirán derogar la obligación de leer leyes antes de promulgarlas; habiendo tenido un éxito increíble alarmando a la población sobre el riesgo de consumir sal, tabaco, comida basura y alcohol, el Ministerio de Sanidad iniciará campañas sobre los riesgos de la cafeína; también se incluirá una campaña alertando que tomar sol puede ser adictivo; habiendo machacado la reputación del mayorista Wal-Mart durante años, activistas anti-mercado denuncian las ingentes cantidades de dinero dadas por la empresa a obras de beneficencia locales (dicen que son para ganar imagen); los mismos activistas intentarán que Wal-Mart no siga ofreciendo puestos de trabajo y productos a bajo coste en otras comunidades; al menos un estado de EEUU enviará a la gente a la cárcel por fumar en público”. Lo peor es que estas predicciones no lo son en absoluto ya que fueron noticia durante el año pasado.
La cruzada antitabaco es la gran apuesta moral de los gobiernos modernos. Al comenzar el 2006, los espacios sin humo se convirtieron en un lugar común en España, al entrar en vigor la ley antitabaco que prohíbe fumar en los centros de trabajo y establece importantes restricciones en bares y restaurantes. El Ministerio de Sanidad justificó la ley argumentando que el 16 por ciento de todas las muertes que se producen en España de personas mayores de 35 años son consecuencia del consumo de tabaco.
La ley pretende limitar la disponibilidad y accesibilidad a los productos del tabaco y en ella prima el derecho de los fumadores a respirar aire no contaminado. Con esta nueva cruzada antitabaco, ya no se podrá fumar en centros de trabajo públicos y privados, salvo en los espacios al aire libre, ni en los centros comerciales y salas de fiesta cuando se permita la entrada a menores, puesto que la edad legal para fumar son los 18 años. Tampoco estará permitido encender un cigarrillo en los transportes públicos. Como recordaba con ironía el columnista español Anxel Vence, “quién nos iba a decir que, tantos siglos después, volvería la España islámica. Y de la mano de un gobierno de progreso…”
Las campañas antitabaco desde arriba están de moda en todo el mundo. Los gobiernos se suman ahora fervientemente contra las tabacaleras, las enemigas a batir en este siglo que comienza. En 2002, los países de la región europea acordaron una estrategia para controlar el tabaquismo. En diciembre de 2004, España ratificaba el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (2003) y, un año después, aprobaba la ley que la situaba a la vanguardia europea de los que persiguen el humo en pos de una mejor salud pública.
Sin embargo, la primera piedra contra el hábito del cigarro fue lanzada por Singapur, que prohibió en los setenta la publicidad del tabaco y restringió su consumo en lugares públicos. Años después, el 79% de la población del país asiático se encuentra libre de humo y nicotina. En el seno de la UE, fue Irlanda la primera en abrir fuego al convertirse, en marzo de 2004,en el primer país del mundo que prohibía totalmente el consumo de tabaco en sitios públicos, entre los que se incluían los restaurantes y los emblemáticos pubs.
En enero de este año, Italia se apuntó a la carrera restrictiva del tabaco con una ley que contempla multas de más de 500 euros para quienes fumen en presencia de menores o embarazadas. Francia prepara, para enero, más restricciones a los fumadores. En los EEUU, nueve estados comparten leyes similares a la aprobada ahora en España, siendo California la pionera, en 1998, al no permitir fumar incluso en las playas.
¿Ha tenido éxito esta nueva cruzada del Estado benévolo? A sólo un mes de su aplicación en España se puede afirmar a la luz de los hechos que la medida ha fracasado estrepitosamente. Los diques de contención se partieron en bares y discos. Se les había pedido a los establecimientos de gran tamaño (más de 100 metros cuadrados ) que dispusieran de un lugar para fumadores y otro que sea reservado como espacio “sin humo”. Sucedió que los primeros se vieron desbordados hasta el punto en que resultaba imposible encontrar un espacio sin humo. Como mucha gente no puede fumar en el lugar de trabajo, se refugia en los bares. Es como ese chiste incorrecto donde un grupo de personas sale a un balcón para poder fumar al aire libre, pero son tantos que el balcón se desploma y entonces aparece un mensaje del gobierno advirtiendo el peligro de fumar.
¿Qué podían hacer los dueños? ¿Delatar a sus propios clientes, como le pedía el gobierno? ¿Expulsarlos? Al final no les quedó más remedio que hacer la vista gorda y hace como si nada hubiese pasado, si querían mantener la clientela. Más aún, esta cruzada inútil ha acabado con los puestos de trabajos de cientos de puestos de venta de prensa a los que se les prohíbe desde ahora vender tabaco. «Son cada vez más los quiosqueros que optan por vender o traspasar sus negocios debido a las pérdidas que sufren desde que entrara en vigor la ley antitabaco», explicó Antonio de la Rosa, presidente de la Agrupación de Vendedores de Prensa de Sevilla. Según estiman los vendedores de prensa, la imposibilidad de vender tabaco y productos relacionados con su consumo está provocando pérdidas del 33 por ciento a los dueños de quioscos. Asimismo, Miguel Sánchez, gerente de la agrupación sevillana de vendedores, recordó que en el último mes se ha detectado un aumento del 200 por ciento de solicitudes para cerrar, vender o traspasar quioscos de prensa, que por lo común son de carácter familiar, ante el descenso de rentabilidad de este tipo de comercio. Son tres los artículos básicos en los quioscos (prensa, tabaco y otros productos como chucherías, vídeos y libros) y el tabaco supone un tercio del total de las ventas.
Mientras tanto, tabaqueras y empresas del sector denunciaron la falta de diálogo del Gobierno, y advirtieron que, de no mejorarse el articulado de la Ley, su aplicación «tendrá consecuencias muy negativas en los ámbitos económico y laboral». Tras reiterar su respeto y apoyo por los objetivos de las autoridades sanitarias, las asociaciones y empresas expresaron su preocupación ante el «espíritu intervencionista» del texto que el Gobierno ha enviado a las Cortes, que establece «prohibiciones y sanciones» como único camino para lograr sus fines.
En cuanto al sector hostelero, la Federación Española de Hostelería (FEHR) señaló que los bares y restaurantes perderán 1.600 millones de euros y 20.000 empleos con la aplicación del anteproyecto de Ley. Este sector registrará una merma de entre el 8% y el 10% en su cifra de negocio con la «lógica» pérdida de afluencia, sostuvo el portavoz de la FEHR. «No estamos exagerando las pérdidas, la norma afectará negativamente a unos 68.000 establecimientos, porque la gente dejará de acudir si no puede fumar», añadió.
Débiles argumentos para su implementación
Examinemos los débiles argumentos que esgrimió el Gobierno de Rodríguez Zapatero para impulsar la medida. El de más peso ha sido la defensa de los presupuestos de la sanidad pública, insostenibles sino se ataca una de las fuentes de mayor gasto: el tabaquismo. Esta es la mejor excusa para inmiscuirse en decisiones privadas porque da la sensación de que el gobierno vela por las cuentas públicas. Pero si están escasos de dinero hay soluciones más expeditivas como vender o privatizar aquellos agujeros negros del financiamiento público como la Televisión Española o RENFE. O incluso dejar de aportar 80 millones de euros al año al cada vez peor cine español. Lo más curioso es que el propio Estado participa en el negocio del tabaco subvencionando a sus agricultores, otorgando concesiones de estancos, y hasta hace muy poco era dueño absoluto de empresas monopolísticas para su producción y distribución.
El espíritu de la ley
Eso revela que el espíritu de la ley no es la sanidad pública sino la intromisión gubernamental. Como les recordaba el periodista Luis de Val, a la sanidad pública les cuesta mucho más quienes abusan de la morcilla y el chorizo que los que fuman cigarros:
“Desde luego, el abuso de alcohol es peligroso y genera el gasto de grandes recursos económicos para nuestra Sanidad. Pero no es menos peligroso ni más barato el exceso de colesterol. Y me cuesta imaginarme la subida de impuestos a la morcilla, o la limitación de la ingesta en público de tocino, incluso su prohibición. Una cruzada contra las grasas podría obtener buenos resultados para la salud pública y, también, la ruina de la industria chacinera. Luego, podríamos ir contra los glúcidos. Un diabético es una fuente de gasto para la Sanidad Pública que no cesa hasta que se da de baja en el Registro Civil. Una sabia campaña contra las pastelerías, los helados y la bollería industrial podría ser altamente eficiente y evitarnos disgustos. Y no hablemos del estrés, porque habría que prohibir las campañas electorales en bien de la salud de nuestros políticos. Vivir es peligroso. Y difícil. Tanto como educar ciudadanos responsables y encontrar políticos sensatos”.
Además, como puntualiza el economista catalán Xavier Salai i Martín, los fumadores son los grandes aliados de la Hacienda pública, no sólo porque durante toda su época de fumadores aportan ingentes sumas de dinero al Estado a través de los confiscatorios impuestos que gravan el consumo de tabaco, sino porque cotizan toda su vida a la Seguridad Social a pesar de tener pocas chances de disfrutar su pensión:
“Si a eso le añadimos que los fumadores tienen una esperanza de vida de unos 65 años (la edad de jubilación) y que, por lo tanto, acaban cobrando pocas pensiones a pesar de cotizar toda la vida, llegamos a la conclusión de que los fumadores no sólo no son un coste financiero neto, sino que son una ganga para los no fumadores. La absurda ironía es que, si los activistas aplicaran correctamente la lógica económica, no sólo no deberían pedir la prohibición del tabaco, sino que ¡deberían incentivar su consumo!”.
Por otro lado, a los fumadores se les exige como al resto de los ciudadanos que paguen impuestos para financiar la sanidad pública. Aún cuando decidan costearse su salud a través de la sanidad privada, están obligados a financiar con sus impuestos la mediocre sanidad pública española, que lejos de ser gratis, es costosísima. Por lo tanto, la sanidad pública no puede coartar la libertad de elección de aquellos que pagan sus impuestos para recibir un servicio público que el mismo Estado asegura que un derecho básico de los ciudadanos. ¿Acaso del el derecho a la salud implica la obligación de cuidarse?
¿Había una solución más persuasiva que la prohibición? Los ciudadanos suelen ser más pacíficos y menos peligrosos que el Estado. Muchas veces encuentran mediante el uso y las costumbres formas de arbitrar estos temas de forma amigable. En Argentina, por ejemplo, hace muchos años que el mercado ofrece bares para fumadores y no fumadores. Si realmente había una demanda de bares para no fumadores en España, los empresarios lo habrían advertido para darle un giro distintivo a la vez que competitivo a su negocio. Las personas que prefieren bares para no fumadores hubieran visto satisfecha su demanda sin necesidad de cercenar los derechos de otros de fumar y beber al mismo tiempo. Así lo cree Allan Guldberg al opinar sobre la ley antitabaco irlandesa:
“Creo, sin embargo, que el fumar no es, en rigor de verdad, el tema que aquí está en juego. Los bares son una actividad privada. La prohibición de fumar en lugares públicos es, por ende, una gigantesca intromisión del Estado en la propiedad privada. Es alarmante que esta intervención estatal no haya provocado la reacción de todas aquellas personas que se consideran liberales, sean fumadoras o no fumadoras. ¿Es realmente imposible llegar a algún tipo de acuerdo sobre este tema? Sí, a través de medios políticos. La actividad política siempre es presa de factores de presión interesados en promover sólo su propia agenda. Los políticos, deseosos de poder y control, están siempre listos para ayudar a estos grupos a conseguir sus objetivos. Nos los detiene ningún argumento, así esté fundamentado en los derechos humanos o en la defensa de la libertad privada”.
Quizá en ello estriba precisamente el fin último de las cruzadas morales: reprimir conductas indeseables y llenar los centros de desintoxicación con marginados sociales. En su origen, detrás de una cruzada moral, siempre hay un deseo de busca del hombre nuevo dedicado en cuerpo y alma a la adoración del Estado. Que el gobierno realice, con nuestro dinero, campañas que privilegian un modo de vivir por encima de otros no es más que un intento de imponer por el uso de la fuerza un decisión que debería ser de índole individual.
