La ilegítima política lingüística de la Universitat de València

25.11.08 @ 18:52:14. Archivado en Sobre el autor

Ante el atropello de nuestros derechos lingüísticos que reiteradamente sufrimos los estudiantes de la Universidad de Valencia, me gustaría recordar que los derechos a las lenguas son derechos democráticos -también llamados “fundamentales” cuando se constitucionalizan- de los hablantes como únicos sujetos morales de derechos. Nunca de la lengua misma y tampoco de los territorios para, instrumentalmente, crear una identidad supraindividual, una nación. Tales derechos sólo tienen virtualidad en un marco social, porque su función inherente es la comunicación de sus sujetos. De modo que debe haber una comunidad lingüística suficientemente amplia para garantizar los derechos que van aparejados, como son su aprendizaje y uso público. No se nos ocurriría exigir que se garantizase el uso del italiano en la UV porque hubiera 30 estudiantes de Erasmus con tal lengua, por ejemplo. Aunque, no está de más decirlo, el que haya una importante comunidad de estudiantes internacionales, que pueden no dominar las lenguas oficiales de la CV (sobre todo el valenciano), sí justificaría un aumento de las comunicaciones oficiales en inglés, lengua común europea y cuasi-universal.

Es necesario para ello que la política lingüística de la UV se ajuste, con coherencia, a la realidad sociolingüística de los alumnos que utilizamos sus servicios, y en general a la de los ciudadanos de una Comunidad Autónoma con dos comunidades lingüísticas diferentes y una lengua común. No hay legitimidad alguna en establecer el valenciano como único idioma oficial de la Universidad, así como tampoco en las implicaciones que de esto sin duda van a desprenderse. Huelga decir que la legalidad debe fundamentarse en unos criterios últimos de justicia y no vale invocar un consenso coyuntural e irrazonado para apuntalar una injusticia. Se trata, pues, de no conculcar los derechos lingüísticos de nadie (en nombre de nada) y satisfacer así el derecho de los castellano-parlantes, tanto como el de los valenciano-parlantes, a ser educados y recibir información de la Administración –la UV en este caso- en su lengua materna o usual. En otras palabras, el bilingüismo resulta obligatorio en nuestra Universidad porque hay dos comunidades lingüísticas, no porque todos y cada uno de los valencianos seamos –o debamos ser- bilingües.

Ahora bien, ¿cuántos alumnos demandan sus clases en castellano y cuántos en valenciano? Si la apabullante mayoría de los primeros no justifica en democracia dejar de lado a los segundos, mucho menos justifica que la lengua vehicular de la UV sea precisamente la minoritaria, el valenciano, y discrimine así a una mayoría en nombre de intereses espurios. Si la cordura se impone, tanto la web, como todos los comunicados que recibimos (vía mail o vía impreso), o las charlas que se imparten, deberán ofrecerse en ambas lenguas o, de constar sólo en una, que ésta sea la que los valencianos tenemos por común entre nosotros y también con el resto de españoles (y con 400 millones de hispanohablantes, ¿por qué no recordarlo?), es decir, el castellano. Junto a ello, va de suyo exigir que cuando nos dirijamos en castellano al personal administrativo y docente se nos responda en dicha lengua. Aunque parezca mentira, esta regla que va mucho más allá de la buena educación, se incumple sistemáticamente. Si la elección del uso de la lengua en que nos responde nuestro interlocutor (con cargo público) fuese arbitraria, ¿qué fundamento alegarían algunos para exigir el nivel mitjà de valenciano para entrar a formar parte del personal antes citado? Por no mencionar la injusticia que se comete exigiendo altos conocimientos de valenciano a todos los cargos del personal administrativo, sin disquisición de las tareas que conllevan sus funciones… Es evidente que alguien pretende garantizar los derechos lingüísticos de los valenciano-parlantes, y de paso y sin ponderación, ir eliminando los de la mayoría castellano-parlante.

No negamos el importante valor cultural de una lengua para quien quiera, por ejemplo, leer a Ausiàs March en valenciano, pero sí para quien aspire a imponer una pseudocultura folclórica a todos los ciudadanos. Tenemos el deber moral de no dejarnos moldear para la causa, y de exigir la salvaguarda debida de nuestros derechos. Por lo tanto no se trata de vulnerar los derechos lingüísticos de los valenciano-parlantes a estudiar, a ser atendidos en su lengua materna, etc., pero sí de subrayar que eso no vuelve legítima la imposición de esta lengua y la conculcación de derechos democráticos básicos. La razón exige que prevalezca un bien jurídico más importante como es la función comunicativa de las lenguas, el elemento que más radicalmente nos hace humanos… Para sostenerlo no nos remitimos tan sólo al imperativo constitucional, sino a principios democráticos y morales más hondos.

Repetimos: sin escatimar la garantía de los derechos de los hablantes de la lengua regional, debemos exigir el respeto efectivo de los derechos lingüísticos del mayor número de hablantes de la lengua común. Si queremos aspirar a una universidad progresista y abierta tanto al resto de España como al extranjero –cada vez recibimos más estudiantes con beca Erasmus-, la realidad se impone: no podemos seguir obviando el mayor ámbito lingüístico del castellano.

Una opinión ,apollada desde aqui ,de Mikel Arteta.