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Castelló conection

Permalink 31.07.08 @ 15:14:25. Archivado en comunidad valenciana, politica

Estos últimos días los nombres de algunos afamados políticos del Partido Popular han pasado de la sección de política de la prensa a la de tribunales y es que algunos nombres conocidos de los que se amparan bajo las alas de la gaviota siguen ocupando un lugar privilegiado en los legajos judiciales e incluso alguno de ellos, como Cartagena el que fuera miembro de uno de los gobiernos de Zaplana en la Comunitat Valenciana, ya anda desde hace algunas semanas comiendo el rancho carcelero. Otros ya han puesto sus barbas a remojar al ver arder las del conmilitón de turno mientras en los juzgados de Nules se sigue produciendo un trasiego de jueces y fiscales que produce un pestilente aroma en la ciudad naranjera.

Hace cuatro años estalló el llamado “caso Fabra”, un escándalo más en la lista de los producidos por los políticos “populares” a lo largo y ancho de la geografía hispana. Carlos Fabra, presidente perpetuo de la Diputación de Castelló, era denunciado en los juzgados por el que hasta la fecha había sido su amigo y confidente Vicente Vilar. El culebrón estaba servido y no faltaron ni los celos, ni los supuestos cuernos ni las acusaciones de violación de la esposa separada al marido denunciante. Los hechos todavía no han sido juzgados y los sumarios judiciales andan pasando de un juez a otro sin que llegue la hora de poder juzgar al presunto delincuente, ese Presidente de la Diputación castellonense del que, pese a las imputaciones judiciales, Francisco Camps ha dicho que “tiene todo el respaldo personal y político”. Tal vez el President de la Comunitat Valenciana tenga que tragarse algún día estas palabras de apoyo al “capo” de los populares en tierras de Castelló.

Pero Fabra no está solo ante el peligro de los jueces, Francisco Martínez, Vicepresidente de la Diputación de Castelló, también anda en el ajo de los legajos judiciales. Este señor Martinez es también alcalde de Vall d’Alba un pequeño pueblo donde les deben tener en gran aprecio ya que le han regalado una docena de fincas aunque no sabemos cual es el “do ut des” impuesto por tan generosos donantes ya que hoy nadie da nada por nada. Tanto el señor Martínez como Carlos Fabra se sintieron ofendidos cuando en plena campaña electoral desde el PSOE airearon tanto las generosas dadivas ofrecidas a Francisco Martínez como el hecho de que la declaración de renta de Carlos Fabra le saliera a devolver a pesar de tener un millón de euros distribuidos en 94 cuentas corrientes, aunque tal vez sean más según atestiguó el mismo Fabra ante el juez. Ahora los juzgados han determinado que aquella publicidad electoral socialista nunca vulneró la ley.

Algo huele a podrido y no es en Dinamarca precisamente, la Castelló “conection” puede hacer de la capital de La Plana un nuevo Chicago en el que algunos, ocultos tras los biombos de la política han ido haciendo y deshaciendo a su antojo, repartiendo prebendas entre sus más allegados e incluso contando, supuestamente, con la colaboración de altos cargos del Gobierno de la nación para sus trapicheos. Tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas e incluso fraude fiscal, delitos todos por los que el juzgado de Nules está investigando al Presidente de la Diputación de Castelló desde hace cuatro años. Ya sabemos que la justicia es ciega y además camina sobre una tortuga y en este caso ayudan a la lentitud de la instrucción del proceso los continuos abandonos de jueces y fiscales que, seducidos por más altos ingresos que los de un juez de pueblo, abandonan la carrera judicial por un puesto, que alguien les ofrece, en algún prestigioso bufete de abogados. En cuatro años de instrucción ocho jueces y cuatro fiscales han comenzado el trabajo sin haberlo terminado en ningún caso haciendo con ello que este proceso se dilate en el tiempo mientras elección tras elección Carlos Fabra sigue haciendo y deshaciendo por tierras castellonenses. Tal vez los sesudos miembros del Consejo General del Poder Judicial deberían tomar cartas en el asunto, un asunto que ya comienza a invadir de hedor la política valenciana.

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