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¿Está agotado el modelo de investigación universitario?

Permalink 26.05.06 @ 15:17:48. Archivado en Sobrevivir al XXI

En una sociedad del conocimiento, la investigación es el motor de la competitividad. Y por derecho propio, la universidad tendría que ser uno de sus más destacados protagonistas, tanto en investigación básica -imprescindible para posteriores desarrollos-, como en investigación aplicada.

En la Estrategia de Lisboa, el matrimonio empresa-universidad debía poner a Europa en cabeza tecnológica y competitiva. Sin embargo no está siendo así.

La Fundación Conocimiento y Desarrollo, que preside Ana Patricia Botín, ha hecho público su segundo informe CYD 2005 que analiza la contribución de las universidades españolas al desarrollo y que arroja resultados contradictorios que deberían hacernos reflexionar.

El simple funcionamiento del sistema universitario español ya tiene un peso significativo en nuestra economía. Tan sólo las universidades públicas mantienen 244.731 empleos, un 1,5% de la población ocupada, y aportan un 1,3% del VAB (valor añadido bruto) español.

Desde la entrada en vigor de la Ley de Reforma Universitaria (LRU) en 1983, el número total de profesores y alumnos universitarios se ha doblado hasta la cifra de 1,4 millones.

El número de graduados ha pasado desde los 600.000 que existían en los años setenta a los más de cuatro millones de la actualidad. Se ha pasado de 34 universidades en 1986 (30 públicas y 4 privadas) a las 73 de la actualidad (50 públicas y 23 privadas).

Desde mediados de los noventa, comenzó a descender el ritmo de crecimiento de los alumnos, para disminuir en número absoluto desde 2000. En el curso actual el número de alumnos matriculados es inferior al del curso 1994-1995.

Si esto se mantuviera, nuestro ratio de graduados con respecto a la población total sería inferior al de los países más avanzados de nuestro entorno.

Aumenta el periodo de tiempo necesario para completar los estudios, en particular los de ciclo largo. En las enseñanzas técnicas sólo siete estudiantes de cada 10.000 completan su educación en el tiempo establecido.

Existe también un desajuste entre la oferta y demanda. Así, se incrementa el porcentaje del desempleo universitario, mientras que disminuye entre los de cualificación media y profesional. La realidad hace que muchos puestos sean cubiertos con sobreeducación.

Como ya ocurriera en EE UU y en varios países europeos, las universidades han ido ampliando su gama de servicios, como inequívoco reflejo de las nuevas demandas de la sociedad del conocimiento.

De simple proveedor de formación y titulaciones, pasó a preocuparse por la inserción laboral de sus licenciados, la formación continua, las políticas de transferencia de tecnología, la creación de empresas semillas, la participación en parques científicos y tecnológicos y la movilidad de investigadores entre la empresa y la universidad.

El informe CYD nos indica que la universidad no cumple bien ni la función de formación continua ni la de transferencia de tecnología. No es percibida como un socio de referencia para la investigación por parte de las empresas. Más del 80% de ellas no han acudido jamás a la universidad para llevar a cabo proyectos de investigación. Además, sólo ocupa el noveno lugar entre los diez proveedores de formación considerados por las empresas. ¿Por qué esta desconfianza mutua?

Pero lo más preocupante es el asunto de la transferencia tecnológica. La financiación empresarial de la I+D universitaria sigue disminuyendo desde 2001, tanto en valores relativos como absolutos.

Se observa una reducción del porcentaje de empresas que cooperan con las universidades. Además, ya son más las que prefieren trabajar en investigación con sus propios proveedores que con la universidad. Se ralentiza el incremento de volumen de contratos y convenios gestionados por las fundaciones universidad-empresa y por las oficinas de transferencia de resultados de investigación (OTRI).

En resumen, todos estos indicadores reflejan un agotamiento del actual sistema universitario en lo referente al liderazgo de investigación y a las necesidades del sistema productivo.

Estos desalentadores datos contrastan con el incremento del gasto en I+D en la universidad, que ya alcanza el 30,3 % del total. En algunas regiones monopoliza el 70% de la inversión en I+D, lo que nos distancia de los países más avanzados, donde la participación empresarial está mucho más equilibrada.

Este fuerte incremento presupuestario está teniendo como consecuencia un sensible aumento en el número de publicaciones y en el de patentes. Es decir, que parece que incrementa su potencial investigador, mientras que paradójicamente reduce su transferencia de tecnología a las empresas. Algo estamos haciendo mal.


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