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Igualdad: ¿por qué no se ha contado con los empresarios?

Permalink 15.03.06 @ 08:19:41. Archivado en Economía

Aunque las leyes españolas no son discriminatorias con la mujer, la realidad sí lo es. Cobran menos, sufren mayor precariedad laboral y soportan todo el peso del trabajo familiar. Sin duda alguna, es tarea de todos mejorar este panorama.

El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada el anteproyecto de la Ley de Igualdad, con el objetivo expreso de conseguir luchar contra la evidente discriminación de hecho que aún sufren las mujeres en nuestro país. La norma ha sido bien acogida por sindicatos y asociaciones feministas, mientras que los empresarios han advertido que supondrá 'un rejón de muerte' para el diálogo social. La ley contempla diversas medidas que afectan tanto a los partidos políticos como a la Administración o a las empresas.

La ley obligará a los partidos políticos a que sus listas sean paritarias. Ningún sexo podrá tener menos del 40% de los puestos ni más del 60%. En verdad, los partidos, más o menos, ya iban cumpliendo esas proporciones, por lo que la entrada en vigor de la ley no supondrá ninguna ruptura. Está bien que así sea. En el ámbito de la Administración pública también se adoptan una serie de medidas que parecen, en principio, interesantes. A los efectos de méritos se considerarán trabajados los permisos de maternidad, se reservará un porcentaje de plazas de formación para las mujeres, así como se priorizará la de aquellas mujeres que se reincorporen después de un tiempo dedicadas a la atención familiar.

Los permisos de paternidad también se favorecen, con la idea de que hombres y mujeres se corresponsabilicen de la crianza de sus hijos. Entre otras medidas, también se bajan algunos requisitos como la altura exigida en los cuerpos de seguridad del Estado, con el objetivo de permitir una mayor incorporación de mujeres. El conjunto de medidas acordadas para la Administración también parecen acertadas, y siguen las pautas ya marcadas por el acuerdo previo con los sindicatos.

Es en la esfera de la empresa privada donde la norma tiene aspectos conflictivos y de dudosa utilidad. Uno de ellos, que generará seguros conflictos, es la de la inversión de la carga de la prueba en materia de discriminación. Si una persona presenta una demanda por cuestión de discriminación de género será la empresa quien tenga que probar su inocencia. Esta variación de los derechos procesales de las partes deja en inferioridad al empresario. Normas de este tipo, que criminalizan a la empresa, no colaborarán precisamente a la efectiva contratación de mujeres. Al contrario, es previsible que las empresas prefieran contratar hombres a mujeres. La razón es lógica. El director de recursos humanos sabe que los trabajadores hombres están sujetos a un tipo de relación procesal normal, mientras que con las mujeres temerá quedar en desventaja en función de las especificidades de la norma. Malo.

La recomendación para que los consejos de administración de las empresas con más de 250 trabajadores sean paritarios no estaría mal si no fuera porque supondrá ventajas de unas empresas frente a otras para la contratación pública. En ningún caso se debería llegar a las medidas impositivas con las que amenaza el Gobierno en caso de que la medida actual resultara insuficiente.

Pero, sobre todo, el mal radica en que algo que afecta intensamente a las relaciones laborales se debía haber llevado a la mesa del diálogo social. El enfado de la CEOE está plenamente justificado. Le acaban de meter un gol por toda la escuadra. El diálogo social está sufriendo demasiados sobresaltos en la presente legislatura. Si antes fue CC OO la que advirtió que las cosas no marchaban bien, ahora CEOE arremete con fiereza. ¿Por qué no incluyó el Gobierno las cuestiones de igualdad en la empresa en el seno del diálogo social?

En condiciones normales se hubiera podido llegar a un acuerdo razonable, estableciendo líneas generales orientativas e incentivadoras, y dejando que fuese la negociación colectiva la que implementase las medidas concretas. La tentación del Gobierno de legislar rápido saltándose los tiempos y los esfuerzos negociadores no beneficiará la igualdad de la mujer en el trabajo. Flaco favor le han hecho a las mujeres que quieren trabajar en el sector privado estas leyes no negociadas.


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