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La pela es la pela para todos

Permalink 04.03.06 @ 10:43:54. Archivado en Autonomías

La campaña del PP andaluz contra Cataluña cala porque reproduce el sentir de la población. Ni se puede romper la solidaridad en Europa, ni se debe hacer en España. Es normal que las propuestas catalanas levanten rechazo incluso en los más partidarios de la descentralización.

En 1978 nos dimos una Constitución que permitió el afianzamiento de la democracia. A pesar de sus evidentes limitaciones, su balance global ha sido extraordinariamente positivo. Se consagraron las libertades y el Estado de derecho, se fomentaron las políticas sociales, se abrió la economía y se nos permitió entrar con normalidad en la senda europea de bienestar y justicia.

Hasta ahí todos de acuerdo. Más cuestionable sería el exceso de partitocracia que limita nuestra democracia, pero ésa es otra película que debería abordarse en esta reforma constitucional.

También instauró en su título octavo el hecho autonómico, iniciando una profunda descentralización de un Estado tradicionalmente centralista.
Es en esta cuestión donde la polémica ha seguido viva desde entonces. Para unos, las autonomías han ido demasiado lejos, debilitando el Estado, y para otros, se quedaron cortas, reclamando mayores dosis de autogobierno.

Desde mi infancia recuerdo el debate expresado entre el "España se rompe" de unos y el "España nos coloniza" de otros.
Pero, a pesar de ello, el balance de las autonomías también ha resultado francamente positivo.

La descentralización ha generado una redistribución de los centros de poder y una mejora de autoestima de los que despectivamente se denominó "de provincias", al tiempo que ha permitido que aflorasen las identidades culturales e históricas de los pueblos que componen España, que fueron duramente reprimidas durante demasiados años.

La Constitución dictaminó dos niveles de autonomía: las de primera, contempladas en el artículo 151, y las de segunda, en el artículo 143. En el primero de ellos se incluyeron las que gozaron de autonomía en el Segunda República --Catalunya, País Vasco y Galicia-- y en el segundo, el resto.

El pueblo andaluz se levantó contra aquella injusta discriminación, y mediante referendo --el único que se ha celebrado para esta cuestión-- logró incorporarse al pelotón de cabeza. A raíz de eso se impuso el café con leche para todos, y los diversos territorios alcanzaron similares niveles de autonomía.

Casi 30 años después, se están reformando los estatutos de autonomía. Es normal que así sea. Muchas han sido las cosas que han cambiado, y las normas deben aspirar a regular las nuevas realidades.

Y, como no podía ser de otra forma, se han abierto las cajas de los truenos. Las banderas y las naciones vuelven a confrontarse en la escena política. No debemos alarmarnos por ello. Ha sido nuestro escenario político ordinario durante mucho tiempo, y más vale que estas cosas se zarandeen en público que se corrompan en la clandestinidad.

TRAS EL fracaso del plan Ibarrexte, fue el Estatuto de Catalunya el que abrió la senda que será referencia para los que le sigan. Por tanto, es normal que desde el resto de España se observe con detenimiento su tramitación.

Escribo desde la periferia, y entiendo que la dinámica de descentralización que se abre redundará en beneficio de todos. Ni España se romperá ni tampoco se dinamitará la unidad de mercado que ya consagra no sólo el Estado, sino también la misma Unión Europea. Desdramaticemos pues el debate.

¿Cuáles son, en última instancia, los temores que suscitan los planteamientos catalanes?

Al resto de España ya no le afectan los aspectos competenciales, puesto que terminarán disfrutando de idénticos niveles. El tema de la lengua es siempre conflictivo, aunque la realidad lingüística catalana es bien distinta a la que se nos muestra. Y parece que el término nación ha encontrado un acomodo que resulta constitucional y satisface las apetencias nacionalistas.

Bienhallado sea. Nos quedaría entonces el asunto de la financiación. No será fácil, y las espadas se mantienen en alto. No debemos rompernos las vestiduras porque desde Andalucía se entienda que las propuestas financieras de las tierras más ricas puedan romper la solidaridad de la que se ha beneficiado y gracias a la cual está saliendo de su secular retraso, permitiéndole, progresivamente, convertirse en una tierra competitiva y autosostenible. La solidaridad debe mantenerse mediante un flujo financiero desde las zonas más ricas a las más pobres.

POR ESO, los criterios de PIB nos parecen profundamente insolidarios. Más o menos sería como decir que el Ayuntamiento de Barcelona invirtiera más en los barrios más ricos, porque en ellos recauda más impuestos, o que los fondos de cohesión europeos beneficiaran a Holanda y Alemania por ser los mayores contribuyentes frente a países más pobres y menos pagadores.

Ni se puede romper la solidaridad en Europa, ni se debe hacer en España. Es normal que las propuestas catalanas levanten rechazo incluso en los más partidarios de la descentralización.

Ese sentimiento está fuertemente extendido entre la mayoría de la población. Por eso, los partidos de la oposición harán uso de ese íntimo rechazo. La reciente campaña del PP en Andalucía va en esa línea y aunque es cierto que incrementan los agravios entre territorios, no es menos cierto que cala entre la población andaluza porque reproduce lo que una parte importante de ella piensa. No nos gusta, por más que sea habitual, este tipo de manipulación en campañas políticas.

En muchas ocasiones he leído en periódicos catalanes aquello de la hipoteca con la que nacen sus ciudadanos con respecto a Extremadura y Andalucía. Era legítimo, pero también incrementaban el agravio entre territorios. Malo.

Debemos reconducir el debate financiero a la multilateralidad. Únicamente así se lograrán erradicar los lógicos temores de resultar perjudicados por la mesa bilateral en la que se juegan nuestros cuartos, pero a la que no hemos sido invitados.


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