El estupor de José Miguel Vivanco y Daniel Wilkinson, directivos de Human Rights Watch (HRW) fue enorme cuando, a las 22.15 del 18 de septiembre del pasado año, se abrieron las puertas automáticas de su ascensor en el piso 14º del hotel Meliá Caracas.
Los dos responsables de la ONG con sede en Washington se toparon en el rellano de la planta de sus habitaciones con un grupo policial, que les deslumbró con las luces de una videocámara, y un pelotón de doce hombres armados: militares y civiles, pistola en el cinto o en la sobaquera. Campanudo, engolando la voz, el portavoz del pelotón les sacó del asombró con un edicto:
«¡Señor Vivanco! ¡Señor Wilkinson!, en mi calidad del director de derechos humanos del Gobierno bolivariano de Venezuela les comunico su expulsión del país con carácter inmediato».
¿Cuál había sido su delito? Ese mismo día, José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, y su subdirector, Daniel Wilkinson, habían presentado en conferencia de prensa el informe de 267 páginas titulado «Una Década de Chávez: Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela».
