(PL).- El Gobierno de Evo Morales intenta aprovechar «la última oportunidad» para llegar a un acuerdo con los gobernadores opositores para solucionar la crisis interna que sufre el país y que amenaza con convertirse en un conflicto regional.
Se trata del segundo encuentro en dos días entre el Ejecutivo y el prefecto de Tarija, Mario Cossío, que representa a sus colegas y a los dirigentes cívicos opositores de Santa Cruz, Beni, Chuquisaca y Pando.
Los conflictos que vive Bolivia han causado cerca de treinta muertos en Pando según el Gobierno, han paralizado las carreteras de medio país y bloqueado las fronteras de Bolivia con Argentina, Brasil y Paraguay.
La cita de hoy debería fijar las características del escenario de negociación sobre el proyecto de nueva Carta Magna que impulsa Evo Morales, los estatutos para dar un régimen autonómico a Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija y la distribución de las rentas petroleras.
El vicepresidente, Álvaro García Linera, ha declarado antes de empezar la reunión que que en esos temas el Ejecutivo tiene «una amplia predisposición» para discutirlos, en la perspectiva de alcanzar «la compatibilización de los estatutos autonómicos con la nueva constitución».
Contra el gobernador de Pando
No obstante, ha advertido que no están dispuestos a discutir la denuncia contra el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, a quien demandarán penalmente y al que pretenden detener por su presunta responsabilidad en las muertes ocurridas en su región.
La mayoría de las víctimas murieron en el choque a balazos entre sectores campesinos leales al mandatario y opositores autonomistas en la localidad de Porvenir, cerca de Cobija, capital de Pando, ocupada por militares desde la noche de viernes.
«La opinión pública tiene que saber que el Gobierno no va negociar los muertos, el Gobierno no va negociar la responsabilidad penal y criminal de los masacradores», ha subrayado García Linera.
Por su parte, Cossió ha señalado que el consentimiento de los líderes opositores autonomistas de mantener negociaciones con el Gobierno, tras evaluar los primeros trabajos del pasado viernes, ya ha sido un avance.
Además, destacó como un segundo avance la aceptación del cardenal Julio Terrazas, la máxima autoridad de la Iglesia Católica en Bolivia, y de algunos embajadores, a quienes no identificó, como «facilitadores o garantes» de las conversaciones.
«El diálogo podría contar con el acompañamiento de organismos nacionales o internacionales de manera que garanticen que no se paralice y aseguren que los acuerdos sean respetados», ha asegurado Cossío.
Internacionalización del conflicto
En este sentido, el Gobierno de Bolivia ha confirmado que Evo Morales asistirá a la cumbre que celebrará la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en Santiago de Chile para analizar la crisis de su país.
Allí se darán cita casi todos los presidentes sudamericanos acudirán a la reunión de UNASUR sobre Bolivia, convocada por la presidenta pro tempore del organismo, la mandataria chilena Michelle Bachelet.
Los prefectos opositores a Morales han enviado una carta a Bachelet para solicitar su presencia también en esta cumbre, a fin de poder explicar sus reivindicaciones y para desmentir que sean unos «golpistas» como denuncia el Gobierno de Bolivia.
