
Las posturas se encuentran y enfrentan ante la inminente aprobación de la Ley General Audiovisual de Cataluña el próximo 15 de diciembre, que ampliará las competencias del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC). A partir de ese momento, el CAC será quien dé, renueve y revoque las licencias de radio y televisión en dicha Comunidad, potestad del Gobierno autonómico hasta ahora, y podrá sancionar si considera que un medio no es veraz. No todos lo ven a través del mismo cristal...
Mientras unos opinan que lo mejor es desvincular del Gobierno este tipo de decisiones, otros piensan que cualquier organismo que regule la actividad de los medios ejercerá, de alguna forma, un control pernicioso que elimine en parte su libertad. Y los hay que, en término medio, no ven mal que exista este organismo siempre que, claro, sea independiente, y no esté bajo la batuta del Gobierno de turno.
Ahí surge la polémica, porque según la Ley que se aprobará el día 15, el CAC, que ya existe, adquirirá la potestad sancionadora ante los medios, no obstante, desde el Sindicato de Periodistas de Cataluña explican que "antes de sancionar, siempre ha preferido recomendar".
Pero, quizás, el punto más polémico que toca al CAC con esta Ley que se aprobará el 15 de diciembre sea el que dice que, a partir de entonces, sea éste organismo el que otorgue las licencias audiovisuales. Para Fernando González Urbaneja, presidente de la Asociaión de la Prensa de Madrid, es "un acierto que esta competencia pase del Gobierno a un organismo independiente", pero con la salvedad de que sea "siempre y cuando este organismo sea lo suficientemente independiente".
Y de ahí vienen muchas de las quejas, como las planteadas en el digital del periodista estrella de la COPE, Federico Jiménez Losantos, que critica que el CAC sea un "organismo dominado por el tripartito, presidido desde el PSC", ambas cosas negadas rotundamente por el Sindicato de Periodistas de Cataluña. Es importante destacar que quizás ésta cadena tenga una opinión bien parcial ya que hace una semana éste organismo "abrió expediente a la COPE por presunta violación de la Constitución".