¿Tolerancia cero con la corrupción?

¿Tolerancia cero con la corrupción?

(PD / Época).- Lo dijo Zapatero recientemente en un baño de masas en Vistalegre (Madrid): «Si hay algún corrupto nuestro, será el primero que tendrá que responder ante los tribunales«. Una muestra de alcaldes socialistas imputados por diversos delitos y que se aferran a su bastón de mando, pese a la promesa de José Blanco de luchar contra el crimen y la corrupción en su decálogo Por una nueva política urbanística y del territorio. La corrupción no sólo está en Marbella, Ciempozuelos o Ibiza.

Según informan María Rojo y Mari Luz Alonso en Época, Barbastro, una de las principales localidades oscenses, de 15.880 habitantes ha visto recientemente cómo su alcalde, y también presidente de la Diputación de Huesca, ha declarado en calidad de imputado por delitos de corrupción urbanística y contra la Administración Pública.

El 11 de abril, Antonio Cosculluela acudía a declarar ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbastro en relación al conocido pelotazo de Javier Blecua, el que
fuera consejero delegado de Aramón, una sociedad holding que integra las estaciones de esquí de Cerler, Formigal, Javalambre, Panticosa y Valdelinares.

Su conjunto representa la mayor superficie esquiable de España. En diciembre de 2006, Blecua vendió al Ayuntamiento de Barbastro unafinca por valor de 600.000 euros en el valle del Cinca. En ese momento, se hizo efectiva la enajenación de la mitad y se estableció la opción de compra a un año del resto. El ex consejero de Aramón (cesado de su puesto el 4 de febrero de este año) la había adquirido poco antes a dos particulares por tan sólo 30.000 euros, 20 veces menos del precio pagado por el consistorio.

Blecua implicó en la operación al alcalde de Barbastro al asegurar que conocía los vaivenes del terreno y que incluso ayudó a certificar la propiedad inicial de la parcela a nombre de las personas que se la vendieron barata.

En su declaración como imputado, Antonio Cosculluela admitió “fallos” por parte del ayuntamiento, aunque los atribuyó a los “técnicos municipales que tramitaron la operación”. El alcalde y presidente de la Diputación de Huesca está a espera de sentencia.

Alcalde y médico

Y sin salir de Aragón, nos vamos a Escucha, un pequeño municipio de la provincia de Teruel. Su alcalde, y a la par único médico del pueblo, ha sido condenado dos veces. En julio de 1997, Luis Fernando Marín sufre una pena de un año de inhabilitación especial para empleo o cargo público y multa de 3.243 euros por un asunto de negociaciones prohibidas.

El Tribunal Supremo confirmó la condena, pero Marín no renunció a su cargo hasta marzo de 2002. Sin embargo, en una burla al sistema judicial fue nombrado asesor de la alcaldía. Al finalizar su inhabilitación, se le nombró diputado provincial.

En 2005 se volvía a enfrentar a los tribunales por haber distribuido un panfleto, bajo las siglas del PSOE, donde se revelaban datos médicos confidenciales de su oponente político, Clemente L. Bayo Sancho, candidato por la Chunta Aragonesista (CHA). El Juzgado de lo Penal de
Teruel condenó al médico y alcalde a dos años de prisión, suspensión de cargo público, una multa diaria de seis euros durante 12 meses y una indemnización personal de 6.000 euros para el afectado.

Marín recurrió la sentencia ante el Tribunal Constitucional y, a día de hoy, la determinación de la Audiencia Provincial de Teruel no ha sido ejecutada y el primer edil se aferra a su bastón de mando. Además, en este momento hay dos procesos aún pendientes de juicio. Uno relativo a la agresión al padre de un concejal de la CHA, y otro referente al veto a este mismo señor para acudir a cualquier sesión plenaria.

Pero la cosa no queda aquí. La gestión de los fondos públicos también le ha supuesto a Luis Fernando Marín más de una tentación. Entre 2002 y 2003, el Ministerio de Hacienda acusó a la alcaldía de irregularidades en el uso indebido de fondos, utilización de fondos públicos sin control del órgano competente e indebida justificación de 669.103 euros, falseamiento deliberado de facturas, sobrefinanciación y defectos en la contabilidad pública. Ahí queda eso.

Sigue en Época.

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