(PD/Época).- Ahora que se aproximan las elecciones municipales y regionales, los ciudadanos han puesto en la picota a los políticos, ya que los casos de corrupción se extienden ya por toda España. Y son en las pequeñas ciudades donde empresarios y personas de toda calaña se enriquecen a costa de ‘favoritismos’ políticos. Nadie quiere entrar al trapo. El ejemplo es Mijas. ¿Quién está detrás de la mano negra que hay en esta localidad de la Costa del Sol?
Esto es lo que se preguntan muchos vecinos de toda Andalucía, donde los escándalos urbanísticos parecen tener su cuna. Este es el tema que analiza Mari Luz Alonso para el semanario Época, en el que hace un repaso en profundidad sobre las conexiones en Mijas.
«Hace ya unos días que el secretario general del PP en esta comunidad, Antonio Sanz, puso el dedo en la llaga al preguntar «quién es el señor X que ha consentido todo lo ocurrido en Marbella». Sanz aseguraba que si el PSOE andaluz no ponía en claro la situación, «todo el mundo va a entender que se trata de Manuel Chaves». Y esto es lo que está empezando a pasar en Mijas, un pueblo gobernado desde hace más de 20 años por Agustín Moreno, un alcalde socialista imputado por un delito de prevaricación y bajo constante sospecha por las prácticas supuestamente alegales que se practican en el municipio.»
«Existe una mano negra en Mijas», afirma Avelino Luna, presidente de la comunidad de vecinos denunciantes, que apunta a una posible dejadez por parte de la Junta que preside Chaves: «Prefieren que no salga nada a la luz, al menos hasta que pasen las elecciones».
«El PGOU de la urbanización Cala Golf, el consistorio cedió 2.041.926 m2 de suelo no urbanizable a unos particulares a cambio de la ejecución de la carretera que uniría el camino de Coín con la Cala de Mijas. Lo que ocurre es que, tras cuatro años de la firma del primer convenio entre las partes, las condiciones de explotación de la urbanización Cala Golf, de más de cuatro millones de metros cuadrados, cambian. De modo que el presupuesto destinado al proyecto de la carretera pasa de dos millones de euros a cuatro millones, sin que en el expediente administrativo figure ninguna causa que justifique ese aumento».
