(PD).- "EL último bastión de la dignidad colectiva en España está en manos de un grupo de mujeres. Mientras el Estado recula, mientras la Justicia pastelea, mientras los ciudadanos se acomodan, mientras los socialistas negocian, un puñado de madres, viudas y hermanas de víctimas se ha alzado, como nuevas troyanas de Eurípides, en defensa del honor de los muertos y de la última frontera del decoro y la decencia." Así comienza la columna que este domingo publicaba Ignacio Camacho en ABC.
Habla Camacho de Pilar Ruiz Albizu, Maite Pagaza, María del Mar Blanco, Consuelo Ordóñez, Irene Villa, Teresa Jiménez Becerril y otras similares y explica que sus voces son una sacudida incómoda en medio de esta atmósfera pastueña en cuya bruma se disuelven los recuerdos de la tragedia y se amortiguan los ecos del sufrimiento bajo una cortina de edulcorada anestesia moral.
No hablan desde la conmoción afectiva que hace tiempo que dejaron atrás, obligadas a sobrevivir en el marasmo de un luto cuyas íntimas zozobras sólo ellas son capaces de definir desde el abismo de la intensa soledad del desconsuelo.
Hablan desde la coherencia, desde la razón, desde la supremacía ética que les otorga su condición de vestales forzosas, sacrificadas guardianas del altar de la memoria de una sociedad herida.
Y sus palabras, duras, compactas, de una firmeza estoica y pedregosa, suenan como latigazos de rebeldía en este espeso silencio de complicidades y conveniencias.
Porque recuerdan la sangre derramada, los principios traicionados, las resistencias abandonadas, las promesas vencidas.
Porque hacen suyas, con una helada precisión deshabitada de eufemismos y de ambigüedades, las palabras certeras de ese vasco blindado que fue Gabriel Celaya: «Cuando se miran de frente / los vertiginosos ojos claros de la muerte / se dicen las verdades, / las bárbaras, terribles, amorosas crueldades».
Estas mujeres son nuestras Madres de Mayo, nuestras Damas Blancas de la dignidad nacional, nuestras necesarias heroínas civiles en la lucha contra la resignación y el olvido. Perturbadoras de los pactos de silencio, imprescindiblemente inoportunas ante el cruel pragmatismo de la política, disonantes como chirridos de inconformismo en un concierto de oprobio.
Ellas van a ser, desde su conmovedora y rebelde entereza contra la amnesia, la ingratitud y el abandono, la verdadera medida de honestidad en este tiempo de ventajistas. Porque representan la conciencia viva del drama del terrorismo, ante la que ninguna solución podrá sostenerse sin afrontar a cara descubierta el examen de su encarnadura moral. Porque han visto de cerca los vertiginosos ojos claros de la muerte, y ante la legitimidad de su sufrimiento nadie podrá presentarles una ignominia como un triunfo. Y porque bastará mirarles a la cara para saber si esta clase de paz que se avecina abre una esperanza o es el disfraz amargo, doloroso y desazonador de una derrota.
Como recalca José Antonio Zarazalejos "los españoles no somos responsables del terrorismo de ETA; ya amnistiamos sus crímenes cuando echamos a andar la libertad y por eso el Gobierno no puede renunciar a obtener la paz, pero carece de derecho a lograrla a cambio de destruir moralmente la obra colectiva de la sociedad española trabajosamente construida durante muchas décadas".
El director de ABC, cuyo artículo se titula con toda la intención "La línea roja", las palabras, dramáticas pero, a la vez, rabiosamente maternales, de Pilar Ruiz Albisu que perdió a su hijo -Joseba Pagazaurtundúa- a manos de los terroristas de ETA deben ser valoradas con auténtico recogimiento moral y surtir el efecto de corregir la marcha de una política gubernamental -en alianza con los nacionalismos- que nos conduce hacia una situación irreconciliable.
Como afirma el diario El Mundo en su editorial:
El presidente del Gobierno reiteró ayer en un mitin en Lérida su voluntad de «conseguir la paz y el fin de la violencia» en el País Vasco. Pues bien, para lograrlo sólo tiene dos caminos según sus propios informes jurídicos: o lograr que Batasuna funde un nuevo partido que condene la violencia para ser legalizada, o pedir al Parlamento que deroge la Ley de Partidos.
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