Periodismo

El País, El Mundo, ABC y los agujeros negros del 11-M

30.09.06 | 11:35. Archivado en Prensa papel
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(PD).- La pelea es feroz y este fin de semana se ha enconado. Como telón de fondo, además de la batalla PSOE-PP, están la operación de El Mundo para convertirse en el gran periódico del centroderecha, desplazando a ABC, y el respaldo incondicional que El País presta a Zapatero. Todo ello, con la COPE de Federico Jiménez Losantos, actuando de ariete rompedor.

Publica a toda página El País un artículo titulado "La teoría conspirativa del 11-M, capítulo a capítulo", que firma J.A. Rodríguez, uno de los pesos pesados del diario del Grupo PRISA, y comienza con la frase: "La impostura suele tener apariencia de verdad".

Justo el día en que El Mundo titula a toda página "Montaje de Garzón para criminalizar a los peritos que denunciaron la falsificación".

El diario de Pedrojota afirma en su editorial (€) que ya advertió el jueves que, "cuando abría diligencias en las que incluía la falsificación del informe que unía a ETA y el 11-M, todo sugería que Garzón se estaba prestando a una operación orquestada por el Gobierno y la Fiscalía con el objetivo de criminalizar a los denunciantes y exonerar a los denunciados ante la opinión pública".

Tambien en la jornada en la que ABC sale con un editorial titulado "Los falsarios del 11-m", en el que se afirma textulamente:

LA imputación, por auto del juez Garzón, de los tres peritos autores de un informe sobre el ácido bórico encontrado en el domicilio del presunto terrorista Hassan El Haski imprime un giro radical a la polémica sobre la supuesta falsedad del documento que, sobre el mismo asunto, fue remitido al juez Juan del Olmo para su incorporación al sumario del 11-M. Por lo pronto, este auto desmonta la veracidad de la información publicada por el diario «El Mundo», amplificada por el presentador del programa «La Mañana», de la cadena Cope, Federico Jiménez, empeñados, a toda costa y pasando por encima de cualquier principio de responsabilidad pública y ética, en mantener el 11-M en el centro de la vida pública española, y no en beneficio de las víctimas y de la más ejemplar y eficaz administración de Justicia.

EL PAÍS INVESTIGA A EL MUNDO

En "La teoría conspirativa del 11-M, capítulo a capítulo", sin pestañear siquiera y poniendo en evidencia que dedica tiempo y esfuerzos a estudiar todo lo que publica El Mundo, el reportero de El País afirma que las teorías conspirativas del 11-M han seguido los cánones de las imposturas históricas y, como ellas, parten de un pecado original:

A saber: que la famosa mochila de Vallecas, la única desactivada y que fue la clave del 11-M, tenía metralla y las otras 12 no. Por lo tanto, "alguien", tuvo que colocarla allí. [...] Por lo tanto, decían, o había sido ETA o una enorme conspiración sin precedentes, que, a diferencia de otras teorías conspirativas similares (como la que aún perdura con escaso éxito sobre el 11-S en Estados Unidos), ha sido llevada al Congreso por el PP y se ha convertido en un caballo de batalla de Eduardo Zaplana (portavoz popular) y Jaime Ignacio del Burgo (diputado del PP).

Añade El País que la "última impostura" de ha sido la del ácido bórico y asevera que "como ya ocurrió con la mochila de Vallecas", o con el hallazgo en la furgoneta Renault Kangoo de una tarjeta del grupo industrial vasco Mondragón, que resultó ser una cinta musical de la Orquesta Mondragón; o con la declaración de José Emilio Suárez Trashorras, no tiene fundamento.

EL MUNDO HABLA DE GARZÓN Y DE PREVARICACIÓN

No opina lo mismo El Mundo, que descalifica sin matices a Garzón, poniendo en cuestión hasta la ecuanimidad del juez y dando a entender que es un "prevaricador"

Afirma el diario de Pedrojota que, con el auto de ayer, "Garzón ha perpetrado uno de los montajes judiciales más lesivos al Estado de Derecho de las últimas décadas" y que su conducta "es la del tahúr que se saca un naipe falso de la manga".

El juez ni siquiera ha cubierto las formas ciñéndose a investigar lo que le pedía el fiscal: determinar la «relevancia penal» de los informes y «sus efectos desde la perspectiva probatoria». Ha llegado al extremo de tender una trampa a los peritos aprovechando su declaración como testigos para escribir un prolijo auto de imputación vulnerando su derecho a un abogado y a callar o incluso mentir en su defensa.[...]
Pero si es grave el envoltorio jurídico de la operación, lo es aún más el contenido del auto, cuyas conclusiones se basan en un puñado de contradicciones e incongruencias.

Visto desde fuera, resulta palmario que el juez Garzón ha imputado a los peritos, aprovechando que éstos volvieron a firmar en julio de 2006 el informe que sus superiores habían hecho desaparecer el 21 de marzo de 2005. Y que ha dado inicialmente por buena la versión del firmante del informe falsificado, Francisco Ramírez, quien asegura que el documento inicial nunca se firmó.

Es una decisión llamativa, porque parece evidente que los peritos entregaron en mano a Ramírez las tres páginas del informe, algo normal si el texto se había hecho en un ordenador y era necesario añadirle algo que no se suele poner desde el teclado: la firma.

En julio de este año, y advirtiendo que su documento había sido falseado, los peritos se limitaron a recuperar el informe para probar la manipulación y denunciarla a través de la línea jerárquica.

ABC VE OTROS AGUJEROS

Mientras El Mundo afirma que lo que se percibe es que entre el Gobierno, la Fiscalía y el juez "se ha urdido una estrategia cuyo resultado es amedrentar a cualquiera que se sienta dispuesto a contribuir a averiguar lo que ocurrió en torno al 11-M", El País va por otros derroteros.

ABC no apuesta en este tema, ni prejuzga. Se limita a subrayar que el juez Garzón ha citado a los peritos imputados para recibirles declaración como tales el próximo 18 de octubre, ignorando el citado auto de la Sala de lo Penal y las diligencias abiertas por un juzgado de Instrucción de Madrid, con motivo de la querella presentada por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M.

No habiendo conexión con el sumario de El Haski, ni siendo un delito terrorista, la Audiencia Nacional no tiene competencia para investigar estos hechos y, por tanto, tal citación entraña un riesgo innecesario de nulidad procesal que Garzón debe valorar y, sobre todo, evitar.

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