(PD).- A principios de año, el Gobierno barajaba una serie de medidas que implicaban una seria amenaza para la libertad de expresión: retirada del carné, multas millonarias, consignas políticas. En concreto, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), órgano con capacidad para sancionar a radios y televisiones antes de que se pronuncien los tribunales y el Estatuto del Periodista.
Ninguna de estas iniciativas se ha concretado, pero la amenaza, denunciada por periodistas y medios de comunicación, está ahí y no ha partido ni del PP, ni de un Gobierno predemocrático, sino del mismísimo PSOE. Así informa la revista Época .
Lo que es una realidad es el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), órgano nombrado por el Parlament catalán con capacidad sancionadora sobre los medios de comunicación. Es decir, un órgano político analiza contenidos de medios de comunicación e impone sanciones antes de que se pronuncie la justicia. Cierto que, como declaraba Joan Botella, adjunto a la presidencia del CAC, la última palabra la tiene el poder judicial y que la sanción se puede recurrir.
Pero no deja de ser curioso y escasamente democrático que un órgano político fiscalice contenidos de medios de comunicación. Con todo, lo más inquietante es que el Gobierno socialista quiera exportar ahora el modelo CAC a todas las autonomías. Lo acaba de proponer el PSOE en la Conferencia Política celebrada en Madrid. La recomendación figura en las conclusiones de la ponencia sobre Nuevos derechos. Los socialistas creen que la sociedad necesita “herramientas” que garanticen que el ciudadano tiene información “veraz”.
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