Un sociedad civil armada «hasta los dientes»

Un sociedad civil armada "hasta los dientes"

(Eloy Sánchez/PERIODISTA DIGITAL).-El diario Clarin denuncia hoy en su editorial un caso urgente sobre el que se ha de tomar medidas; el enorme número de armas que existen en el país argentino. 1.200.000 armas legales en manos de la sociedad civil argentina.

El editorial , titulado Desarme civil y seguridad, apunta que el gobierno argentino está tomando medidas, dentro de un plan integral de desarme civil y seguridad, para meguar el elevadísimo número de armas y reducir así las cifras de violencia y delitos. Entre las iniciativas que promoverá el gobierno se encuentra la introdución de cambios en el Registro Nacional de Armas, el cual pasará a depender del Ministerio del Interior, la adquisición de armas y municiones por parte de la administración pública y el reempadronamiento de los poseedores de armas con unos criterios más fiables.

Clarín lo recoge así:

En el país hay alrededor de 1.200.000 armas legales; de ellas, un millón están en manos de 625 mil usuarios particulares. Estas cifras permiten conocer la parte de la realidad que pasa por el Registro Nacional de Armas, pero se estima que existe un número igualmente grande de armas que circula sin ningún control.

El armamentismo civil es consecuencia del aumento de la inseguridad debido, a su vez, a la crisis del sistema de Policía y Justicia. Los civiles compran armas en los circuitos legales o ilegales, en busca de defensa propia y ante las falencias del Estado en el resguardo del orden público. Pero, como resultado de esta proliferación de armas, se viene notando el incremento de la violencia, agravando el fenómeno que le dio origen.

El caso conocido como el del tirador de Belgrano mostró la urgencia de enfrentar el problema y tomar medidas capaces de revertir un cuadro que no responde a nuestra tradición cultural.

En este sentido, el Gobierno dispuso introducir cambios en el Registro Nacional de Armas, el cual pasará a depender del Ministerio del Interior. Asimismo, se promoverá una norma con iniciativas para el desarme. Se prevé declarar el estado de emergencia por un año, autorizando a que la administración pública adquiera armas y municiones, eliminando las ilegales. Por otra parte, se hará un reempadronamiento de los poseedores de armas utilizando criterios que se esperan sean más efectivos que los que se utilizan ahora.

Deberán estudiarse experiencias de otros países y formularse, entonces, una estrategia integral, con mayores controles y una fuerte concientización de la población, para que reduciendo la circulación de armas bajen la violencia y el delito.

Paralelamente, el Estado deberá tener mayor eficacia en la tarea de prevenir y combatir el delito, ya que de otro modo será efímero lo que un eventual plan de desarme pueda lograr.

Junto a la mejora del dispositivo policial y judicial —algo básico para recomponer la confianza de la población en la red de seguridad pública—, resulta necesario controlar mejor la circulación de las armas y el perfil de sus poseedores.

La falta de seguridad estimuló el armamentismo civil, lo cual dio lugar a episodios de violencia. Para mejorar los controles se cambiará el sistema de registro de armas. Lo fundamental es mejorar la seguridad.

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