(PD).- En el País Vasco, los hijos de los policías nacionales mienten todavía sobre la profesión de sus padres: «Mi papá trabaja en Correos». Y hay ayuntamientos que subvencionan con dinero público la excarcelación de etarras, mientras los españolistas viven como apestados. Ésta es una historia de héroes. Valientes ciudadanos de Euskadi que, día a día, sufren en carne propia la indignidad de la negociación.
Alguien dejó escrito que entre las cosas hay una de la que no se arrepiente nadie en la tierra; esa cosa es haber sido valiente. Lucía Peralta es concejal del Partido Popular en la localidad guipuzcoana de Rentería, la Euskadi profunda por cuyas calles se pasean estos días los txapotes de siempre, más envalentonados que nunca. Así comienza su crónica Maite Alfageme en Época.
A primera vista, el personaje podría parecer del montón. Corajudo, pero del montón. Y de eso, nada. Porque esta mujer, que en la pasada legislatura se enfrentó a voz en grito en los pasillos de su consistorio con los seis representantes de HB, ya ha tenido el valor de sustituir a tres compañeros del partido asesinados por ETA.
Primero llenó el vacío dejado en el Ayuntamiento de Zarauz por Juan Ignacio Iruretagoyena, muerto a manos de la banda el 9 de enero de 1998. Ahora, en Rentería, ocupa el despacho y el macabro centro en la diana que dejaron José Luis Caso y Manuel Zamarreño, el amigo del alma, el hermano que nunca tuvo. “Si unos han dado la vida por nuestra libertad”, -dice- “¿cómo vamos a comportarnos otros como cobardes?”
El brindis más macabro
Ocho años después del asesinato de Zamareño, no hay día que su viuda, Marisol Fernández, no reviva mentalmente el atentado. Minuto aminuto. Se acuerda del momento de la despedida en el portal -que ella misma limpiaba porque había cuatro hijos a los que alimentar-.
Y de cómo, aquella mañana del 25 de junio de 1998, había tenido una espeluznante premonición, y había dejado el dormitorio perfectamente arreglado: “Por si me traían a Manolo herido…, que estuviera todo recogido”.
En la calle Sorguintxulo, en el barrio de Capuchinos, a escasos metros del domicilio familiar, a Zamarreño lo reventó la bomba que habían colocado para él en una motocicleta estacionada en la acera, cuando iba a comprar el pan. A las pocas horas del crimen, alguien olvidó dos botellas de champán vacías en el felpudo de su casa. ¿Una alimaña? ¿Un vecino? El caso es que, como el de Joseba Pagazaurtundua y el de tantos otros, el atentado contra Manuel Zamarreño se incluye en ese 10% de asesinatos de ETA que no pueden ser juzgados, porque no se sabe quiénes los cometieron. Hay inocentes, pero no culpables.
Todavía hoy Marisol sospecha que el explosivo fue accionado desde alguno de los pisos que asoman a aquel estrecho y sombrío callejón sin salida. Coincide con el secretario de organización del PSOE, José Blanco, en que a ella también le gustaría poder mirar a los ojos a los asesinos de su marido. “Aunque me temo que con este Gobierno, no voy a saber nunca quién apretó aquel botón”.
Valiente es aquel que no toma nota de su miedo. Valientes han sido los cerca de 20.000 funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado destinados en el País Vasco a lo largo de casi cuatro décadas de terror. Un total de 143 policías nacionales asesinados por los santipotros de turno desde los primeros años de la barbarie. Es la trágica cifra que ni Miguel Ángel L. R., ni su compañero Lorenzo L. logran quitarse de la cabeza. Casi 20 años detinados por el cuerpo en el País Vasco, sufriendo en carne propia eso que llaman “el síndrome del norte”, y que bien podría resumirse en el recuerdo que ambos conservan todavía de los paseos por el parque con los hijos aún pequeños: “Una mano en el triciclo y otra en la pistola”.
“Nos mandaron aflojar el pedal…”
Fueron los tiempos del “algo habrán hecho”. Los tiempos en que les insultaban por la calle, “¡txakurras!”; en que sus mujeres, perfectamente identificadas por las familias euskaldunas de la localidad, volvían a casa de vacío. Porque nadie, ni el colmado del barrio, ni en la panadería de la esquina, quería atender a la mujer de un policía. La época en que los niños, debidamente aleccionados, ocultaban –y en algunos casos, ocultan todavía- la profesión de sus progenitores ante los compañeros de clase. Mienten: “Mi papá trabaja en Correos”.
Policías nacionales eran los dos últimos muertos de ETA: Julián Embid y Bonifacio Martín Hernández, 53 y 56 años respectivamente; saltaron por los aires el 30 de mayo de 2003 al estallar la bomba adosada a los bajos de su vehículo en Santo Domingo de Sangüesa (Navarra). Según las tristes crónicas de aquellas fechas, ambos contaban los días que les quedaban para jubilarse.
Para Miguel Ángel y Lorenzo, que han sido objetivos prioritarios de la 9 milímetros Parabellum y la Goma-2, la política antiterrorista del Gobierno supone ante todo una derrota moral. “Con los asesinos” -dicen- “sólo se puede negociar cómo, cuándo y dónde les ponemos los grilletes”.
En su opinión, bajo eufemismos intolerables, se está cociendo una ley de punto final. Reconocen que tras la llegada de los socialistas al poder, se frenaron las detenciones de comandos: “Digamos que nos mandaron aflojar un poquito el pedal…” Califican las supuestas filtraciones policiales al aparato de extorsión de ETA como “la acción más despreciable que puede cometer un policía”. Y advierten: “En caso de que no se verifique el alto el fuego, costará tiempo, sudor y lágrimas volver a la situación operativa de 2003, cuando teníamos a ETA contra las cuerdas”.
Valiente no es quien no tiene miedo, sino quien tiene voluntad de vencerlo. Y, lamentablemente, en el País Vasco muchos carecen por completo de esa voluntad. Son los que prefieren mirar a otro lado. Esos a quienes la Resistencia identifica como los “cómplices de la indignidad”.
Leticia Comerón sólo tiene 23 años, pero ya sabe lo que es defender públicamente unos principios sin que ni siquiera te apoyen los que están de tu parte. Estudió Políticas en la Universidad del País Vasco (UPV), en el campus de Lejona, el más grande, pero también el más hostil para los alumnos que no militan en el nacionalismo, como ella. “En clase” -recuerda-, “los debates consistían en un todos contra mí. Hasta el punto de que si yo no asistía, los profesores optaban por aplazarlos”.
Leticia, que ahora es presidenta de Nuevas Generaciones del PP de Álava, aprendió pronto a batirse el cobre con el arma de la palabra. Aprendió también a vivir con escolta, el precio a la libertad personal que acentúa esa extraña mezcla de incomprensión, temor y soledad (“cuando me dijeron que tenía que llevar escolta, lo primero que pensé fue que los terroristas ya tenían excusa paramatarme…”). Pero a lo que nunca acabó de acostumbrarse Leticia fue al silencio cobarde de algunos compañeros deUniversidad: “Estaban conmigo y, sin embargo, sólo se atrevían a decirlo en voz baja, y a hurtadillas, en los pasillos de la facultad”.
Ingeniería ideológica
A nadie a estas alturas escapa en el País Vasco que tanto la UPV como las ikastolas funcionan como auténticos laboratorios de ingeniería ideológica. Es la huella de la educación en Euskadi. “El control de las conciencias, como caldo de cultivo del germen de la violencia”, dice Luis Miguel Urrechu, concejal del PP en la localidad alavesa de Llodio.
“El entramado social, institucional y económico tejido por el nacionalismo desde hace 26 años les ha permitido manejar todos los resortes de la sociedad vasca, hasta el punto de que las nuevas generaciones de nacionalistas, producto de esa ingeniería ideológica y mucho más radicales que sus padres, suponen hoy la verdadera amenaza para el País Vasco. Una amenaza real incluso en el supuesto de que ETA desaparezca”.
Es Llodio, cuna del fanatismo y de la izquierda aberzale y tierra de origen del lendakari Ibarretxe, uno de tantos pueblos de las Vascongadas en cuyo ayuntamiento hace años que no ondea la bandera de España. Porque allí, en el valle de Ayala, zona de la Álava fronteriza, prácticamente incrustada en Vizcaya, el nacionalismo acostumbra a patear las decisiones judiciales a lo García Gaztelu; y se pasa por el arco del triunfo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que obliga a cumplir la ley de banderas.
En Llodio, el consistorio -de mayoría batasuna hasta la ilegalización- subvenciona la puesta en marcha de una emisora de radio controlada por ETA. Al tiempo que asiste impasible a la podredumbre estética del antiguo palacio de los marqueses de Urquijo, hoy patrimonio del municipio, cedido como centro cultural (gaztetxe) por el ayuntamiento a la juventud del aro en la oreja y la kale borroka.
A pocos kilómetros, Isabel Conde regenta en Amurrio una tienda de ropa junto a su marido, Santiago Abascal, otro histórico dirigente del Partido Popular. Hace algunos años, tras reiterados ataques, alguien le prendió fuego al comercio, ocasionando pérdidas materiales por valor de 120.000 euros. Desde entonces, comenta Isabel, muchos vecinos les dieron definitivamente la espalda. Y entre quienes todavía se atreven a poner los pies en la tienda, hay de todo: los que solidarizan abiertamente con la familia, pero también los que le piden que le dé la vuelta a la bolsa, para que, al salir, nadie vea que han comprado en Abascal.
Otegi, ¿consejero de Justicia?
Se lamenta Isabel Conde del déficit de justicia que se desprende de las últimas decisiones de la fiscalía y de la permisividad de la Audiencia Nacional respecto a la reunión entre Patxi López y Arnaldo Otegi. “Si nos fallan los jueces, ¿qué nos queda?”, se pregunta. “No quiero ni imaginar el día en que el consejero de Justicia sea Otegi…”.
Se duele de la actitud de la Iglesia vasca: “Cada vez me aferro con más fuerza a los valores profundos del cristianismo. Pero me cuesta creer que el Papa pueda estar al tanto de lo que ocurre con la Iglesia vasca y no hacer nada; es como si los que nos sentimos españoles en Euskadi no pertenciéramos a la parroquia”. Y añora los tiempos en que el PSE se arrimaba al sol del constitucionalismo: “Hasta hace poco, compartíamos, o creíamos compartir, unos valores con los socialistas. Ahora estamos solos. Tremendamente solos”.
Hay hombres valientes para los peligros y pusilánimes para las molestias. Lo primero se ajusta como anillo al dedo a la vida de Joseba Elejalde, un empresario de 36 años que día a día se enfrenta al peligro de serlo en Euskadi.
Tiene dos empresas: una de proyectos de decoración y otra dedicada al extracto, suministro y colocación de piedra natural. Y a uno se le ponen los pelos de punta escuchándole contar que la extorsión etarra no afecta sólo a las grandes fortunas. Que ETA, a fin de mes, solicita todavía a muchos pequeños comerciantes del País Vasco eso que la banda llama eufemísticamente “la voluntad”. “60, 100, 200 euros...”-dice Elejalde- ; “al que no paga le rompen una luna o te queman el local”.
Lo segundo, lo referente a la pusilanimidad de algunos, dista años luz de la decisión de Carmen Asiaín de abandonar el PSE, renunciando a cargos y prebendas, cuando la dirección optó por echarse en brazos del nacionalismo que había asumido a su vez como propias las reivindicaciones de ETA.
“En ese momento comprendí que aquél ya no era mi partido”, dice Asiaín, quien llego a ser secretaria de organización del PSE de Álava cuando lo presidía Fernando Buesa, su jefe y amigo, luego asesinado por la banda. Porque la de Carmen, como la de muchos ciudadanos vascos, es la crónica de una vida salpicada de sangre y sufrimiento.
Una socialista huida
Desde el pasado enero, en el Ayuntamiento de Rentería trabaja una etarra. Se trata de Leire Pikabea, condenada en firme como informadora del comando Donosti. El alcalde socialista de aquella localidad, Miguel Buen, consiguió que el consistorio subvencionara su excarcelación: un millón de pesetas, con dinero público. Una situación kafkiana, en medio de ese otro esperpento que para los españolistas de Euskadi supone la negociación. Una pesadilla con la que convive a diario Lucía Peralta, el primer personaje de esta historia de valientes. Acaso convencida de que coraje no es la ausencia de temor, sino más bien considerar que algo es más importante que ese temor.
