Yésica Jiménez (PD).- La libertad de expresión en Rusia está en peligro. La figura del Wach dog pasa a ser delito y los periodistas deberán cuidar lo que dicen y cómo lo dicen, si no quieren terminar entre rejas.
Así lo constata un proyecto de ley aprobado por el Parlamento el pasado 14 de julio, con la que un periodista irá a prisión por criticar a cualquier miembro del estado.
En origen, la ley pretende luchar contra el ultra nacionalismo. Aunque ya en la actualidad, existen leyes que prohíben incitar a actividades extremistas, violentes y al odio con argumentos de origen étnico, religión o pertenencia a un grupo, tal como puede leerse en Periodistas-es
Sin embargo, la definición de lo que se entiende como «extremistas», ha sido ampliada, con la finalidad de evitar que los medios de comunicación no carguen contra los miembros del estado ruso, según el Comité por la Protección de los Periodistas.
Rusia ha servido de escenario para celebrar la Cumbre de los países del G-8, países democráticos e industrializados. Numerosos periodistas fueron arrestados y tan sólo la Asociación Mundial de Periódicos (WAN), la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y el Instituto Internacional de Prensa (IPI) han reparado en la amenaza que supone este proyecto para la libertad de expresión.
El proyecto de ley estipula penas de cárcel de hasta tres años para periodistas y la suspensión o cierre de sus publicaciones, señala el CPJ. Según la Associated Press, las enmiendas a la Ley para Combatir Actividades Extremistas de 2002 amplía la definición de actividades extremistas para incluir «la calumnia pública dirigida a figuras que cumplen deberes de estado en la Federación Rusa», así como la «interferencia con los deberes legales de los órganos de las autoridades del estado»
El problema radica en el lenguaje ambiguo y amplio de la ley. El artículo deja las puertas abiertas a las autoridades para atacar y censurar a los periodistas que estén llevando a cabo su función crítica y a la vez, el proyecto restringe la cobertura de los medios independientes, según manifiestan ARTICLE 19 y el CPJ.
Y para muestra un botón. Periodista-es, expone algunos casos en los que periodistas se han visto envueltos en el acoso por parte de las autoridades:
«El 9 de julio, se impuso a dos periodistas estudiantes alemanes afiliados a Radio Hertz 87.9, Eike Korfhage y Henning Wallerius una sentencia de cárcel de diez días por «orinar en público» después de que la policía los acusó inicialmente de participar en una marcha contra el G8, informan el CPJ, el IPI, y Reporteros sin Fronteras (RSF). Los dos fueron liberados el 15 de julio y deportados. El CPJ señala que el día siguiente un reportero de televisión ucraniano, Maksym Butkevych, fue arrestado mientras filmaba como la policía disolvía una manifestación. Fue sentenciado a tres días de cárcel por «resistirse a la policía»
Dos días después, Boris Reitschuster y Human Rights también sufrieron abusos contra su libertad:
El 11 de julio, la policía decomisó su cámara a Boris Reitschuster, un corresponsal de la revista alemana «Focus» y borró als fotografías que había hecho de los arrestos de los delegados a una conferencia de partidos de oposición y grupos de la sociedad civil, informa el CPJ. Human Rights Watch documentó muchos otros ejemplos de interferencia por parte de las autoridades con la conferencia «La otra Rusia», que incluye varias formas de acoso para impedir la llegada de los participantes. Las tácticas empleadas incluyen citar a los participantes en departamentos de policía, «plantar» drogas, amenazarlos con detención y golpizas que propinaban atacantes desconocidos»
Por si no fuera poco, existen otras cláusulas tipificadas en el Código Penal que van en contra de la prensa. Aunque en junio, el Centro para el Periodismo en Situaciones Extremas lanzó una petición en línea para eliminar esas cláusulas «no democráticas».
