Garzón deja en libertad bajo fianza al ex director de Egin implicado en la extorsión

Garzón deja en libertad bajo fianza al ex director de Egin implicado en la extorsión

(PD/Agencias).- El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha dejado en libertad bajo fianza de 4.000 euros al ex director de Egin y actual director de Diario de Noticias y Noticias de Gipuzkoa Pablo María Muñoz Peña, al que imputa un delito de colaboración con organización terrorista.

Las fuentes añadieron que el fiscal había pedido que se impusiera a Muñoz prisión eludible bajo fianza de 12.000 euros.

El juez ha impuesto a Pablo María Muñoz, también, comparecencias semanales y prohibición de abandonar el territorio nacional. Asimismo, le da un plazo de 5 días para depositar la fianza.

Muñoz Peña fue uno de los dos detenidos el pasado martes por orden de Garzón en la segunda fase de la operación contra el aparato de extorsión etarra puesta en marcha el pasado 20 de junio por el juez Fernando Grande-Marlaska.

Al día siguiente, el periodista fue conducido a la Audiencia Nacional para que estuviera presente en el levantamiento del precinto del ordenador personal que la Policía intervino en su domicilio.

Según Grande-Marlaska, uno de los detenidos en la primera fase de la operación, Jean Pierre Harocarena, declaró que le había dicho a Muñoz, «quien intermediaba en la extorsión a un empresario navarro (J. Marticorena), cómo una de las ‘vías’ podía ser la de Gorka Agirre», el dirigente del PNV que también está imputado en la causa.

CAREO
Durante la tarde, el juez Baltasar Garzón ha sometido a un careo a Pablo María Muñoz y a Harocarena para que explicaran las discrepancias que existen entre las declaraciones de ambos.

Grande Marlaska, en el auto de 28 de junio en el que impuso a Agirre una fianza de 30.000 euros, señaló a Muñoz como:

«Uno de los intermediarios ubicados en España y encargados de ponerse en relación con el extorsionado, activar procesos de negociación, articular plazos y vías seguras de pago, entregar recibos, poner en circulación cartas de extorsión, recibiendo en ocasiones el dinero»

El mismo papel se atribuía a Jesús Iruretagoiena de la Fuente, detenido también el pasado martes y al que Garzón dejó en libertad al día siguiente, aunque le impuso la obligación de comparecer semanalmente en el Juzgado y la prohibición de abandonar el territorio nacional sin su autorización. En el caso de Iruretagoiena, la Fiscalía no solicitó su ingreso en prisión ni la imposición de una fianza en atención a su delicado estado de salud y también, según informaron fuentes jurídicas, porque su labor de intermediación habría sido «a favor» de un empresario para que no tuviera que pagar la extorsión.

Muñoz e Iruretagoiena son hasta el momento los dos últimos detenidos en una operación que se inició el pasado 20 de junio con el arresto de cinco personas en España y de otras siete en Francia, donde la investigación corre a cargo de la juez Laurence Le Vert.

Destramar la madeja
De los detenidos en España, Grande-Marlaska envió a prisión a Harocarena, José Carmelo Luquín Vergara, Joseba Imanol Elosua y Ramón Sagarzazu y dejó en libertad a Ignacio Aristizabal.

El 27 de junio, la Policía detuvo a otras dos personas, Emilio Castillo González de Mendívil y José Ignacio Elosua Urbieta, hermano del arrestado una semana antes.

Grande-Marlaska, que envió a prisión a Castillo y dejó en libertad a Elosua, atribuye a ambos -así como a Harocarena, Luquín, Aristizabal y Joseba Imanol Elosua- el mismo papel de intermediarios que supuestamente desempeñan en la trama Muñoz e Iruretagoiena.

A Sagarzazu, por su parte, le coloca en un nivel superior dentro del entramado, concretamente como uno de los miembros en la actualidad de la red «legal» (no fichada) del aparato de extorsión y financiación de ETA, denominado GEZI.

En el curso de la investigación, el magistrado también imputó al dirigente del PNV Gorka Agirre el papel de intermediario y tomó declaración como testigo al ex presidente de este partido Xabier Arzalluz.

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Además, ordenó el arresto de dos empresarios navarros, José Javier Azpiroz y Juan María Saralegi, a los que se vio obligado a dejar en libertad después de que la Fiscalía no pidiera medidas cautelares contra ellos, pero a los que imputó un delito de colaboración con ETA por haber pagado supuestamente de forma voluntaria el llamado «impuesto revolucionario».

La llegada de Garzón al Juzgado el 30 de junio no supuso el final de la investigación, sino que ésta continuó y se produjo la detención de Iruretagoiena y Muñoz, cuyos nombres ya habían aparecido en los autos dictados por Grande-Marlaska.

En esas resoluciones también se citaba a Carlos Bellver, un asesor fiscal que no ha sido arrestado, como la persona encargada de invertir los fondos que ETA obtiene de la extorsión, lo que según fuentes de la investigación hace en una sociedad de Liechtenstein, un país que figura en la «lista negra» de paraísos fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Garzón también ordenó a la Policía que tomara declaración en calidad de testigos a cinco empresarios que habían recibido cartas de extorsión de ETA, diligencia que se llevó a cabo ayer jueves en dependencias policiales del País Vasco.

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